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El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados formalizó la propuesta para que la Procuraduría General de la República (PGR) cree la Fiscalía especial para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En un punto de acuerdo, que firma el diputado perredista Rafael Hernández Soriano, el sol azteca detalla que el titular de esta fiscalía deberá ser nombrado a consideración de las víctimas indirectas de este caso y a las organizaciones sociales que los acompañan, así como al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como consultores técnicos.
El punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria dice: “La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en ejercicio de sus facultades, establezca la Fiscalía Especial para la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo titular deberá ser nombrado tomando en consideración a las víctimas indirectas del crimen y a las organizaciones sociales que los acompañan y considerar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como consultores técnicos”.
En la exposición de motivos, el perredista detalla que ante la gravedad de los acontecimientos requiere un proceso de reconciliación nacional que inicie con la limpieza, optimización y, en su caso, la reposición de todos los procedimientos llevados a cabo dentro de la investigación ministerial, la consignación de los culpables y, principalmente, el fincamiento de responsabilidades a aquellos funcionarios que cometieron delitos en contra de la administración de justicia.
Por lo anterior, y con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas, que resulta indispensable la creación de una fiscalía especial que se avoque directa y exclusivamente, en la investigación de estos sucesos, no obstante lo anterior.
“El titular de esta instancia debe ser una persona no sólo con amplios conocimientos en el área de investigación ministerial, sino que cuente con el reconocimiento público y, en específico, de las víctimas indirectas de este crimen y de las organizaciones sociales que las han acompañado, de tal manera que su actuación posea la probidad y credibilidad de la que, hasta ahora, han carecido las autoridades que, en el caso, han intervenido”, detalla el documento.
