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La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá informar sobre las empresas mineras que presuntamente están relacionadas con el crimen organizado, las cuales operan en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, ello luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) revocó la respuesta que la dependencia dio a un ciudadano que solicitó la información.
En 2014 el gobierno federal implementó una estrategia de seguridad en el Puerto de Lázaro Cárdenas, ante el control del cártel de los Caballeros Templarios.
En septiembre del año pasado el entonces comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, informó que se aseguraron siete mineras y más de un millón de toneladas de mineral que eran explotadas ilegalmente.
Un ciudadano solicitó conocer esa información, pero Gobernación dijo que esos datos eran inexistentes y lo orientó a presentar su requerimiento ante la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE).
Inconforme con esa respuesta el ciudadano presentó un recurso de revisión ante el INAI que fue turnado la ponencia del comisionado Joel Salas.
En alegatos, la Segob declaró la inexistencia de la información; sin embargo, al analizar el caso, se determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley porque no turnó la solicitud la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas y la Oficina del Secretario de Gobernación, que son competentes para responder la solicitud.
La Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, es un área que auxilia al Secretario en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de los estados y de los municipios.
Además, se encarga de supervisar, coordinar y dar seguimiento a las actividades realizadas por las representaciones de la Subsecretaría de Gobierno en las entidades federativas, por lo que cuenta con atribuciones para conocer la información requerida.
Se concluyó que la dependencia no cumplió con el principio de exhaustividad, el cual garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas.
Así el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Segob y le instruyó una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas mencionadas, a fin de que entregue al particular la información de su interés.
El comisionado Salas dijo que todo servidor público debe a la sociedad explicaciones y justificaciones sobre las acciones de gobierno que ejerce; para cada decisión y acción realizada, afirmó, debe haber evidencia que la respalde, y la ciudadanía tiene derecho a acceder a ella.
tpc
