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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, pidió al presidente Enrique Peña Nieto enviar como iniciativa preferente su propuesta de Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, para contar con un marco legal en el próximo periodo ordinario de sesiones.
“Están las condiciones para que este mismo año contemos con una legislación que se aplique en todo el país, que armonice los tratados aprobados por nuestro país, que cumpla con las recomendaciones de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONG’s y, sobre todo, con las expectativas de las familias de las víctimas de este deleznable delito”, dijo en un comunicado.
De la Peña aseguró que por tratarse de una ley de carácter penal y de la comisión de un delito de alto impacto es necesario que la legislación sea prácticamente “perfecta”, que sancione en función del debido proceso, sin ningún vacío o laguna legal que permita el paso a la impunidad.
“Que constituya todos los mecanismos de investigación, bancos de datos genéticos, de personas detenidas, de reparación integral del daño y las políticas para la declaración de ausencia que den certidumbre a las familias que sufren entre otras acciones legales que deben estar inscritas en la legislación.
Ante ello, dijo que es indispensable consultar a especialistas, a organizaciones de la sociedad civil y a los familiares de las víctimas.
Para abonar al proceso legislativo, la comisión que preside ha convocado a diversas organizaciones de la sociedad civil y a especialistas para que en audiencias públicas, que se llevará a cabo este martes en el salón de la Comisión Permanente, a que entreguen a los legisladores sus observaciones y propuestas sobre el análisis de las iniciativas ya presentadas.
Las organizaciones convocadas son: Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE).
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; FreedomHouse, México; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO Juárez; Servicios para la Paz; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Análisis e investigación, FUNDAR; Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos En México (Fundem), Asociación "Los Otros Desaparecidos" de Iguala- Guerrero; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otros.
De la Peña insistió que la nueva Ley tiene por objeto tipificar los delitos de desaparición de personas con base en los criterios establecidos en los tratados internacionales; así como determinar bases de coordinación y distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar los delitos de desaparición de personas.
tpc
