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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
En el país hay más de 430 cárceles federales, estatales y municipales y de acuerdo con funcionarios del gobierno Federal, las prisiones de máxima seguridad viven una dramática crisis, debido a que albergan a más reos de los que deberían tener, lo que pone en riesgo a los demás reclusos que purgan una condena, a los custodios y a la sociedad.
Según el diputado Danner González Rodríguez (MC), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, de 24 penales federales, sólo 14 cuentan con igual o menor número de reos que la capacidad límite para el que fueron construidos.
Situación que se agrava debido a que de acuerdo con expertos, las únicas referencias para la construcción de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) son: el Manual de Reclusorio Tipo y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que datan de 1970 y 1976, respectivamente.
Por ello, a través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, propuso exhortar los gobiernos Federal y estatales, y del Distrito Federal, para que atiendan la crítica situación en la que se encuentra el Sistema Penitenciario del país.
Pidió a la Secretaría de Gobernación que envíe un informe detallado a la Comisión Permanente, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, sobre cuáles son las medidas que ha implementado en los penales federales para mejorar el estado de su infraestructura, la capacidad de operación y de funcionamiento, a fin de cumplir con el mandato constitucional de la reinserción social.
Planteó exhortar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que informen sobre las medidas implementadas en los penales locales a fin de mejorar su infraestructura y capacidad de operación y funcionamiento, en aras de cumplir con el mandato constitucional.
“En varios informes presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde hace años, se refleja la ausencia de control de las autoridades carcelarias: al menos en 30% de ellas rige en los hechos el llamado “autogobierno” de los internos, son los presos los que mandan”, resaltó.
La fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, “no sólo evidenció el grado de corrupción de las autoridades federales, sino también la debilidad y descomposición institucional del sistema penitenciario del país”, apuntó.
En las cárceles de más de 20 entidades federativas no hay una efectiva clasificación de los reos, motivo por el cual conviven violadores con asaltantes, asesinos con defraudadores fiscales y secuestradores con robacoches, afirmó.
