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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó ayer 12 recomendaciones agrupadas en cuatro puntos, para que se garantice la justicia ante los hechos de Tlatlaya, destacando la creación de una Comisión Indagatoria en la que participen especialistas independientes.
Durante la presentación del informe, al cumplirse el primer año de los hechos, Mario Ernesto Patrón, director del Centro Prodh, destacó que se debe reparar el daño causado a la testigo Clara Gómez, conocida como Julia, quien estuvo presente en la conferencia de prensa para negar que ella haya recibido reparación de daños.
“Lo primero es que no ha sido derechohabiente de una reparación del daño a pesar de lo que ha dicho la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de que existe un fondo de más de 50 millones para reparar a las víctimas de Tlatlaya no ha recibido un solo quinto en términos de compensación”, señaló.
El director del Centro Prodh indicó que la testigo hace responsable al estado mexicano de su seguridad, porque ha sido como consecuencia de la declaración de los comisionados de la propia CEAV que se ha generado una sobreexposición ante eso, “la comisión que debería de velar por los derechos de las víctimas ha incumplido y ha violado sus propios derechos”.
Al hacer uso de la palabra, Clara Gómez, identificada como la testigo Julia, afirmó que es la primera y última vez que sale a hablar a los medios, y con una hoja como guía sobre la mesa del presidium expuso cinco puntos en los que destacó que jamás ha recibido dinero alguno.
“El gobierno federal ha dicho que me ha dado millones de pesos, y lo cual no es cierto y mi vida está en riesgo de que me pueden secuestrar, me pueden hacer algo y la verdad lo que dijo el gobierno federal es mentira porque yo no tengo ni un peso como ellos han dicho a los medios”, dijo.
Clara Gómez indicó que siempre ha dicho la verdad, que no ha caído en contradicciones, que busca que su hija Erika Gómez sea considerada una víctima de los hechos, que ahora tiene escoltas, que es maestra rural y finalmente que pide justicia.
“Quiero que se castigue a los responsables también así como los de Toluca, así como los militares, y más que nada quiero que se haga justicia que eso no quede impune”, expresó la testigo, quien tras terminar su breve exposición se retiró por una puerta lateral al lugar, sin aceptar preguntas.
Por su parte, Patrón agregó que entre las otras recomendaciones que el Centro Prodh emitió se encuentran el realizar un nuevo ejercicio de acción penal por la totalidad de las víctimas, interrogar a los mandos militares en el fuero civil, y transparentar los expedientes asociados al caso.
El director del Centro Prodh informó que una versión ampliada del informe fue enviado a la oficina del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, a la CIDH, solicitando que se ordene al Estado adoptar medidas para garantizar la vida y la integridad de “Julia”, de su familia y de sus representantes.
