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Legisladores del PRI, PAN, PRD y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) coincidieron en que se debe actualizar la Ley Federal de Extinción de Dominio para que los impartidores de justicia la usen como una herramienta eficaz para afectar las estructuras financieras del crimen organizado.
Al participar en el Foro “Extinción de Dominio”, convocado por la vicecoordinadora del PAN Pilar Ortega, los legisladores reconocieron que esta figura legal, aprobada en 2008, no ha tenido los resultados para los que fue creada.
El subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, José Guadalupe Medina, quien asistió en lugar de la titular de la PGR, Arely Gómez, dijo que desde la entrada en vigor de la ley en abril de 2009 a julio de 2015, la dependencia sólo ha presentado 64 juicios para quitar propiedades al crimen organizado, 43 de los cuales han sido exitosos y 11 han sido declarados improcedentes.
En contraste, reveló que entre 2009 y 2015 la PGR logró quedarse con 182 inmuebles vinculados a los grupos delictivos mediante la figura del abandono, que permite al Estado mexicano adjudicarse la propiedad de bienes que permanecen asegurados sin que nadie reclame su propiedad o pertenencia.
El subprocurador de PGR consideró que la actual ley “deja en condición muy vulnerable la actuación del Ministerio Público”, por lo que es necesario revisarla para que la carga de la prueba no sea exclusivamente para las autoridades ministeriales.
La senadora Pilar Ortega dijo que en México la extinción de dominio no ha tenido el alcance que se esperaba, pues hasta 2008 en Colombia había mil 888 procesos judiciales en fase inicial, mientras que en México para el periodo 2010-2011 se habían recibido sólo dos.
“En trámite Colombia tenía 815 procesos judiciales y México para el periodo señalado sólo emitió una sentencia”, subrayó.
