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marco.muedano@eluniversal.com.mx
Los gobiernos de México y Estados Unidos intensifican la búsqueda de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, a través del uso de tecnología de punta, como son rastreadores satelitales, drones, así como aparatos de comunicación.
Autoridades del gabinete de seguridad nacional explicaron que se busca detectar, a través de llamadas telefónicas y el uso de tecnología de punta, registros de voz y de ubicación que puedan determinar los movimientos y ubicación del capo.
La tecnología es aplicada en familiares de Guzmán Loera, así como en gente cercana al primer círculo del capo, por quien el gobierno federal de México ofrece una recompensa de 60 millones de pesos por información que lleve a su captura.
La búsqueda incluye contrainteligencia de ambas naciones, ya que se detectó que el capo cuenta con personal especializado en telecomunicaciones para evitar ser rastreado, así como sus familiares o gente cercana, por lo que el equipo que emplea es considerado de uso exclusivo.
La misma tecnología fue utilizada por las autoridades mexicanas y norteamericanas el año pasado para conocer movimientos y ubicar a El Chapo Guzmán, en febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa.
El pasado 16 de junio, Jack Raley, subdirector del departamento de Administración de Control de Drogas (DEA, por siglas en inglés) de Estados Unidos, aseguró que se mantenía una comunicación cercana con autoridades mexicanas para capturar a Joaquín Guzmán Loera.
Además del trabajo de inteligencia y contrainteligencia en el uso de tecnología, ambos países, en coordinación también con autoridades de Centroamérica y de
Latinoamérica, llevan a cabo una investigación para disminuir la capacidad operativa y financiera del capo.
Las fuentes consultadas explicaron que la investigación para dar con el paradero de Guzmán Loera, identificado por el gobierno federal mexicano como el líder del Cártel de Sinaloa, incluye la ubicación de los activos financieros, así como vínculos con otras organizaciones delictivas.
Dentro de las acciones para capturarlo, los gobiernos de México y Estados Unidos, así como de países como Guatemala, Honduras, Argentina, Colombia, entre otros, indagan las propiedades, negocios, empresas y relaciones con autoridades que pueda tener, tanto El Chapo, así como sus familiares y colaboradores cercanos, e incluso vínculos con autoridades.
A través de la detección de las propiedades y activos financieros se busca disminuir su capacidad económica y de reacción, a través de la confiscación de bienes que sean utilizadas para realizar operaciones.
El gobierno mexicano mantiene comunicación con autoridades de Estados Unidos, así como como con los gobiernos de la frontera sur —Guatemala y Belice—, para el intercambio de información que pueda llevar a la captura de Joaquín Guzmán Loera.
En territorio nacional, el gobierno destinó a más de 10 mil elementos de la Policía Federal, así como de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina Armada de México (Semar), de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para dar con su paradero.
Además, se ha solicitado a las autoridades de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal para dar con el paradero de El Chapo, quien la noche del sábado 11 de agosto se fugó del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) uno, Altiplano, considerado de alta seguridad.
