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San José.— Tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, las policías de Guatemala y Honduras reportaron tres movimientos sospechosos migratorios, aéreos y terrestres, en momentos en que Centroamérica está en alerta ante la probabilidad de que el prófugo líder del Cártel de Sinaloa busque escondite en una zona en la que tiene contactos con redes criminales.
Entre los casos está el del avión ejecutivo matrícula XB-LTD, de México, con tres tripulantes a bordo y procedente de Toluca, que aterrizó el jueves en la mañana en la isla Roatán, en el Caribe de Honduras.
Aeronáutica Civil de Honduras informó que el jueves en la mañana, la tripulación de la aeronave mexicana pidió permiso de sobrevuelo y aterrizaje en Roatán. Los ocupantes cumplieron los trámites rutinarios.
El avión tocó suelo a las 08:14 horas y los pilotos pidieron autorización para dejarlo estacionado más de una semana, declaró José Navarro, director de Aviación Civil, al asegurar que tras revisarla, la nave fue declarada libre de sospechas de transportar drogas o explosivos.
Los pilotos mexicanos Carlos Rafael Ramírez y Enrique Gaona Áreas abandonaron rápidamente territorio hondureño al viajar en una aerolínea comercial hacia El Salvador en ruta a su país. Honduras confirmó que el único pasajero —Víctor Alberto Calderón Cortés— es investigado.
Los pilotos fueron contratados para llevar la aeronave a Honduras, declaró Calderón, quien adujo que es intermediario para vender la avioneta a una persona que desconoce y a la que debe contactar por medio del empleado de una compañía. En otro hecho, un guatemalteco fue sorprendido el lunes pasado en la frontera entre México y Guatemala con más de 600 mil pesos mexicanos en su poder.
Mientras que seis mexicanos, fuertemente armados, que se movilizaban en dos automóviles —uno con matrícula de Sinaloa—, fueron detenidos por soldados del Ejército y efectivos de la Policía de Guatemala el lunes cerca de la frontera con México, en el departamento de Huehuetenango.
Uno de los arrestados —César Vicente González Pérez— afirmó integrar la Policía Federal Ministerial en Comitán de Domínguez, Chiapas. Otros dos —Francisco Javier Díaz de la Rosa y Ewin Yanic Campos Sánchez— se presentaron como empleados de la Procuraduría General de la República (PGR) y los tres restantes son civiles: José Almanza Ramírez, Mauricio Salamanca Murillo y Ornelas Reyes José Dolores. Todos quedaron bajo orden judicial.
