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Desde su segunda captura el 22 de febrero de 2014, el gobierno de México siempre expresó su rechazo a cualquier petición del gobierno de Estados Unidos para extraditar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, con el argumento de que primero tendría que ser juzgado en nuestro país.
A través del entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desestimó las peticiones de la justicia norteamericana, mismas que se expresaron públicamente, pero que jamás se concretaron.
Sin embargo, la defensa de Guzmán Loera jamás se confió y comenzó a tramitar amparos contra su eventual extradición después de su arresto, juicios que han sido desechados por los juzgadores federales debido a que la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negaron que se haya iniciado el trámite para ponerlo a disposición de la justicia estadounidense.
El pasado 20 de enero, Murillo Karam dijo que autoridades de Estados Unidos le habían adelantado de forma extraoficial que era inminente la presentación de una solicitud formal de extradición contra Guzmán Loera, ya que cuenta con siete acusaciones directas en Cortes Federales de Estados Unidos por delitos como tráfico de drogas, conspiración y lavado de dinero.
Siete días después, el ahora ex procurador volvió a desestimar la petición de Estados Unidos de manera irónica. En entrevista con la agencia AP, Murillo dijo: “Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga. El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después, falta mucho”, fueron las palabrasdel ex procurador.
Ni esas declaraciones calmaron al capo sinaloense, cuyos abogados tramitaron un juicio de amparo, mismo que fue desechado por el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en el Distrito Federal el pasado 3 de febrero, ya que no había petición.
