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A pesar de las críticas al uso de los testigos protegidos por los abusos que se cometieron en el sexenio anterior, y aunque se anunció que se utilizarían en casos de excepción, en esta administración la Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido cada vez más a esta figura para fortalecer sus investigaciones de delincuencia organizada: en el lapso de dos años suman 126 colaboradores.
Aunque el ex procurador Jesús Murillo Karam criticó su uso, por los excesos y anomalías que se cometieron durante el gobierno de Felipe Calderón, ante la inducción para que declararan y porque fueron un vehículo para la fabricación de pruebas en casos clave como la Operación Limpieza, son una figura jurídica cada vez más frecuente a la que recurre el Ministerio Público de la Federación.
Mientras que en el sexenio anterior la PGR utilizó a 336 testigos protegidos, entre enero de 2013 y enero del presente año suman 126 los colaboradores cuyas declaraciones se integraron a averiguaciones previas.
Un informe de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR detalla que en 2013 la PGR se apoyó en 44 personas para declarar bajo confidencialidad, mientras que en 2014 se acogieron a este programa 41 personas, en tanto que sólo en enero de este año la dependencia utilizó a 41 testigos protegidos más.
En este programa y ante los servicios prestados por estas 126 personas se destinaron 38 millones 644 mil 677 mil pesos, 38% del total que se invirtió en la administración pasada cuando se erogaron 101 millones 332 mil 994 pesos.
Algunos casos. Durante esta gestión la PGR ha utilizado a los testigos protegidos en juicios contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa; Elba Esther Gordillo, quien fuera dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, presuntos autores intelectuales de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
La figura del testigo protegido es criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que esta figura se utiliza recurrentemente ante la falta de elementos por parte del Ministerio Público para presentar cargos con otras evidencias sólidas.
En mayo del año pasado, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, dijo que montajes —como el de la francesa Florence Cassez— no aportan una credibilidad a la actuación de las autoridades, ya que los casos que se basan en esta figura son un revés para el gobierno.
“Ya vieron ustedes cómo se está cayendo una y otra resolución, porque realmente no hay una fiabilidad en la prueba testimonial”, comentó la ministra al emitir su voto en ese caso en el que la veracidad de esta figura fue analizada además bajo una óptica de vulneración de derechos humanos.
Al inicio de este gobierno, el ex procurador Jesús Murillo Karam anunció la revisión de la figura de los testigos protegidos debido a la falsedad de declaraciones en las que cayeron y al aleccionamiento de éstos por parte de las autoridades y por la fabricación de algunos expedientes.
Reconoció que era preocupante el uso que se le había dado a esta herramienta de investigación contra la delincuencia organizada, que en ocasiones sólo ha traído beneficios para los criminales colaboradores como la reducción de sus sentencias.
Por ejemplo, en mayo de 2014 José Salvador Puga Quintanilla, testigo colaborador identificado como Pitufo, quien fue utilizado en por lo menos 43 casos que integró la PGR en el sexenio calderonista, fue dado de baja del programa de testigos protegidos por las falsedades en las que cayó, de acuerdo con resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Este integrante del crimen organizado recibía un pago de 50 mil pesos mensuales por declarar en contra de funcionarios, así como personas vinculadas grupos criminales.
Beneficios de ley. Esta figura permite a una persona mantener oculta su verdadera identidad con el fin de presentar su testimonio sobre crímenes y presuntos delincuentes en juicio para no ser víctima de represalias. A los testigos protegidos se les denomina con un nombre ficticio y, en algunos casos, se les proporciona dinero para su manutención por el tiempo que dure el proceso.
En el capítulo siete de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se establecen las condiciones de la colaboración en la persecución de estos crímenes, donde se establece que si el declarante no está relacionado con un hecho delictivo en averiguación previa, los elementos que aporte como prueba no serán usados en su contra.
En caso de que sí exista averiguación previa por crímenes en los que participe, la pena correspondiente al colaborador podría ser reducida hasta en dos terceras partes.
Si durante el proceso penal se aportan pruebas suficientes para condenar a un miembro del crimen organizado con funciones de administración, dirección o supervisión, la condena del colaborador podría reducirse hasta la mitad.
Cuando el testigo está sentenciado y aporta pruebas para condenar a otros miembros del crimen organizado, a valoración de un juez, se puede remitir parcialmente la pena hasta en dos terceras partes.
jram
