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En 2017 el gobierno federal ha destinado más de mil millones de pesos a la implementación del Sistema de Justicia Penal, registró el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su informe de acciones de octubre de 2016 a junio de este año.
El documento indica que en ese periodo fueron capacitados 247 mil 403 operadores y para capacitación, infraestructura , equipamiento y ajustes normativos al interior de la República fueron destinados 18 mil 705 millones de pesos de 2013 a 2016, es decir, el 89.2% de los recursos programados dentro de los 8 años de implementación.
Es decir, nueve de cada 10 pesos de los recursos federales destinados a la implementación fueron asignados durante la presente administración .
De acuerdo con el informe el Sistema de Justicia Penal se enfrenta a uno de sus mayores retos que es la consolidación, para ello se estableció un Plan de Trabajo 2017 con base en 10 acciones que se enfocan en los puntos que requieren atención urgente.
El SESNSP indicó que trabaja en una estrategia integral de consolidación como el desarrollo de un modelo homologado de medidas cautelares y suspensión condicional del proces; el modelo homologado de Policía en funciones de Seguridad Procesal; se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral Justicia Penal para Adolescentes y se construyó las Bases de Datos del Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Suspensión Condicional del Proceso, Medidas Cautelares y Procedimiento Abreviado que desde el mes pasado inició funciones; así como la actualización del Programa Rector de Profesionalización.
Para 2017 se convino el uso de 452.9 mdp para capacitar a 155 mil 455 policías sobre la actuación del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos; la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación; la investigación criminal conjunta y la actuación del policía en juicio oral.
Así como el uso de 30.2 mdp para el equipamiento, infraestructura y capacitación para el fortalecimiento de las Unidades de Atención Temprana y Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; para la creación y fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, 36.2 millones de pesos; para el fortalecimiento a las Unidades de Policía en Funciones de Seguridad Procesal, 37.1 millones de pesos y para el fortalecimiento de la Figura del Asesor Jurídico de Víctimas, 30.2 millones de pesos.
El informe fue presentado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, a organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
