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Un juez federal concedió el amparo al ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, contra el auto de formal prisión que se le dictó por lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, aunque ello no significa que podrá quedar en libertad.
El juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió el amparo para que el juez Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México deje insubsistente el auto de formal prisión y dicte otro en el que responda al ex mandatario los argumentos de defensa que hizo valer durante la audiencia en la que se le aplicó la medida.
“El juez de la causa debió analizar los argumentos que exponía el quejoso y, con apoyo en los preceptos legales aplicables, decir si le asistía la razón o no, máxime que los mismos estaban encaminados a desvirtuar no la orden de aprehensión librada por la autoridad judicial, como erróneamente lo expone, sino las imputaciones que se realizaron en su contra”, indicó.
Observó que existe la posibilidad de que algunas pruebas con las que fue consignada la averiguación previa sean ilícitas, por lo que ordenó revalorarlas y eliminar aquellas que no se obtuvieron conforme a la ley.
En noviembre de 2016, el ex mandatario compareció ante el juez Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales, ante quien argumentó que no es jurídicamente posible que se le imputen los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, ya que ambos se excluyen entre sí, atendiendo al origen de los recursos.
Las operaciones con recursos de procedencia ilícita, como su nombre lo indica, se realizan con dinero obtenido ilegalmente, mientras que la defraudación fiscal equiparada se comete con recursos obtenidos de manera legal pero que no fueron reportados a la Secretaría de Hacienda.
La Procuraduría General de la República (PGR) lo acusa de blanquear 8.5 millones de dólares producto del desvío de recursos que realizó durante su administración en el estado de Sonora mediante los llamados “moches”.
Entre las pruebas que ofreció está la denuncia que dio origen a la averiguación previa, misma que fue presentada por Luis Miguel Vargas Delgado, de la organización Sonora Transparente, en contra del ex gobernador.
Vargas Delgado afirmó que Padrés regresó al país “cientos de millones de pesos que previamente envió al extranjero por haber sido obtenidos como producto de desvíos de fondos públicos y pago de ‘gratificaciones’ de empresarios beneficiados con negocios a modo.
“Mediante un esquema legal y financiero, con figuras simuladas y fraudulentas, en las que intervinieron diversas personas; un fedatario público y otras empresas, lograron regresar a México, simulando inversiones legales en la industria minera”, señaló.