Tan sólo d urante el 2015, la administración del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, pagó mil 149 millones de pesos en publicidad oficial, l o que representó 152.3 por ciento más del presupuesto que le autorizó el Congreso del estado.

El dato fue aportado, hoy, en Cancún, por el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, durante la presentación de las plataformas de Comisiones Abiertas y Publicidad Oficial.

Quintana Roo se sumó a dichas herramientas y se colocó como la primer entidad en México en transparentar los gastos de trabajo de servidores públicos y en el segundo estado en poner a disposición de la ciudadanía los montos que el gobierno estatal destina para publicitarse en medios de comunicación.

Durante su intervención, Salas Suárez indicó que con esos mil 149 millones de pesos, Borge Angulo gastó en publicidad oficial, 11 veces más que el presupuesto erogado por la Secretaría de Salud (SESA), 20 por ciento más de lo que erogó en servicios educativos y siete veces más que los fondos recibidos para garantizar la seguridad pública de la entidad.

“El presupuesto sin duda es la principal herramienta de los gobiernos para demostrar en donde se encuentran sus prioridades; en ese sentido es fundamental desmantelar los privilegios y dar cauce a través de las nuevas instituciones que tenemos, como el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción para canalizar la indignación”, expresó.

El 2015 fue el año en que se recrudecieron las agresiones y la censura del gobierno borgista, hacia periodistas y medios independientes o críticos a su gestión, lo que llevó a organizaciones civiles a ubicar a Borge Angulo como “el enemigo número 1 de la prensa independiente”.

Desde medios de comunicación afines, el gobierno de Borge publicitó su imagen, censuró a la prensa y montó campañas de desprestigio para las voces opositoras a su gestión, en lugar de garantizar la cobertura de servicios públicos y los derechos humanos al agua, la salud y la educación.

Habrá resistencias pese a la transición: INAI

Al respecto, el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, calificó al gobierno pasado como un “régimen autoritario” que “corrompió” a la prensa y a “las plumas” que se prestaron al “chantaje”, por lo cual ponderó la determinación de la administración de Carlos Joaquín de sumarse a las plataformas que permitirán la rendición de cuentas, a través de la transparencia del gasto público.

“La decisión que usted tomó de adherirse a estas dos herramientas que el INAI y Fundar construyeron, es muy valerosa, es valiente (…) seguramente los medios de comunicación estarán impactados y, afectados, aquellos que hicieron de la publicidad oficial un paladín o un gustoso mecanismo de chantaje.

“El chantaje se generó porque el gobierno corrompió en el pasado; el régimen autoritario corrompió a las plumas y a la prensa; la hizo a modo, la mantenía gozosa de comodidades, asistida de privilegios inmerecidos”, subrayó.

Sin embargo, advirtió que en la actualidad, pese a la transición de gobierno, habrá resistencias y presiones para proteger intereses y conservar privilegios.

“También los medios de comunicación cuando vino la transición democrática, también tomaron camino de chantaje y también son capaces de amenazar a un gobierno y también son capaces de colapsar a un gobierno con ‘mala nota’ y con ‘mala nota indebida’ y muchas veces injusta, engañosa, no precisa”, sostuvo.

Previo a él, Salas Suárez habría hecho una acotación que englobó también a los gobernantes que –dijo- van con el discurso de la transparencia, como una mera simulación:

“La transparencia como política pública no sólo es retórica, la transparencia es parte del juego del poder e implica afectar intereses y hay que asumirlos”.

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