politica@eluniversal.com.mx
De acuerdo con la solicitud de desafuero contra el diputado Alberto Silva Ramos (PRI) emitida por la Fiscalía General de Veracruz, una de las conductas ilícitas cometidas por quien fuera vocero del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa fue el pago a medios de comunicación sin que existiera presupuesto autorizado y suficientes recursos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016.
Además, no formalizó los contratos por escrito con los medios de comunicación, lo que es necesario para conocer el objeto de la contratación, ni la justificación directa de éstos a través de un dictamen que explicara la necesidad del servicio y la idoneidad de ese medio para cubrir la zona de impacto requerida.
Aunado a ello, tampoco presentó a la Secretaría de Finanzas y Planeación la información sobre los pagos tramitados para que se reportaran a la Cuenta Pública, tal como lo señala el artículo 37 de la Ley Orgánica, toda vez que las dependencias a quienes supuestamente se cargaron los gastos, “no tenían conocimiento de ello”.
El documento al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso resalta que con las conductas enlistadas, Alberto Silva cometió durante el año 2014 y parte de 2016, “abuso de autoridad”, así como “incumplimiento de un deber legal”, al no planear el gasto para ser integrado a la solicitud de presupuesto de egresos al Congreso local.
Por lo anterior, se presume que se hayan desviado recursos que ascienden a mil 459 millones 50 mil 359 pesos, en el ejercicio fiscal 2014; y por 108 millones 721 pesos, en 2016, lo que hace un total de mil 567 millones 771 mil 359 pesos, “gastos de los que no existía presupuesto ni suficiencia presupuestal”, dicta el texto.
La solicitud de desafuero firmada por el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, destaca que Silva Ramos es responsable de “abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición, cometido contra el gobierno de Veracruz, por hacer pagos de publicidad gubernamental que no tenían presupuesto”.
La fiscalía señala que al momento de la presentación de la solicitud de desafuero, existen “suficientes datos de prueba” para que se pueda estimar la actualización de conductas delictivas atribuidas al diputado cometidas en su encargo como coordinador general de Comunicación Social de Veracruz del 20 de febrero de 2014 al 5 de enero de 2015, y del 6 de abril al 17 de octubre de 2016.
Entre las empresas con las que Alberto Ramos Silva hizo convenios se encuentran: Anzara, SA de CV, a la que se le pagó por servicios de asesoría, publicidad y asistencia, un millón 51 mil 228 pesos; CarriRey SA de CV, por 19 millones 140 mil pesos; Centro de Recursos de Negocios Cerene, SA de CV, por 45 millones 542 mil 567 pesos y Publicidad Akkira SA de CV, por la difusión de actividades del estado, 69 millones 828 mil 268 pesos.
A Desarrolladores Mercalim SA de CV, por servicios de difusión de actividades del gobierno estatal se le entregaron 93 millones 525 mil 300 pesos; Servicios Oktagonales recibió 77 millones 279 mil 200 pesos; Mavercarr SA de CV, 37 millones 49 mil pesos; Mercarrey SA de CV, 68 millones 76 mil 920 pesos, Mogarver SA de CV, 64 millones 478 mil 302 pesos, entre otras.
Esto se suma a la lista de medios con convenio por instrucciones de Alberto Silva por una cantidad de 108 millones, 721 mil pesos.
