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Tras la revisión de los gastos de las elecciones del pasado 4 de junio, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó que los candidatos de partidos e independientes que compitieron en los comicios del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz tuvieron un gasto total de 764.85 millones de pesos, además de que detectó 264.4 millones de pesos no reportados en las campañas para gobernador.
Los dictámenes de gastos, aprobados por dicha comisión, serán votados en una sesión del Consejo General del INE el viernes 14 de julio, que revelan un rebase al tope de gastos de campaña de más de 5% por parte de cada uno de los candidatos a gobernador de Coahuila del PRI, Miguel Ángel Riquelme, y del PAN, Guillermo Anaya, que podrían ser causa de nulidad e impedimento para que vuelvan a contender.
Los consejeros de la Comisión de Fiscalización llegaron a esa determinación como resultado del crecimiento de cifras de gastos de ambos contendientes.
Todos los candidatos de partidos políticos e independientes de Coahuila tuvieron ingresos por 136.45 millones de pesos y un gasto por 128.67 millones de pesos.
En particular, los aspirantes a gobernador de aquella entidad tenían como tope de gastos 19.24 millones de pesos, que supuestamente —con los criterios aplicados por la Comisión de Fiscalización— estarían rebasando dicha cifra hasta en 5%, lo cual es causal de nulidad de la elección.
En el caso de Miguel Ángel Riquelme el rebase es por 5 millones 981 mil 222 pesos, por lo que superó en 31% el límite permitido, y Guillermo Anaya por 5 millones 118 mil 972 pesos, 26% más de lo legalmente establecido.
El dictamen de rebase de topes de gastos se encontraría dividido en el Consejo General del INE, por lo que sólo una mayoría simple de sus integrantes podría ser la decisiva para determinar el rebase de topes de gastos, la nulidad de los comicios y la posibilidad de una elección extraordinaria, en la que no participarían los candidatos sancionados, en este caso Riquelme y Anaya.
En Nayarit los candidatos también excedieron el tope de gastos, pero no por 5%, que es causal de nulidad.
Aunque la votación fuera a favor de un rebase, quien tiene la última determinación de la elección extraordinaria sería la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia a la cual el INE deberá notificarle después de la sesión del próximo viernes.
Ayer por la noche, circuló entre los miembros del Consejo General del INE los proyectos de dictámenes y resoluciones sobre la revisión de los ingresos y gastos de los partidos políticos y candidatos independientes que contendieron en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, así como de los procesos extraordinarios en Oaxaca y Tlaxcala, que fueron aprobados por la Comisión de Fiscalización el pasado 6 de julio.
Los dictámenes están sostenidos en una investigación exhaustiva de la Unidad Técnica de Fiscalización del organismo electoral, en la que cruzó información con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Asimismo, los dictámenes finales —que serán discutidos por el Consejo General el 14 de julio— incluyen los gastos detectados por la Unidad Técnica de Fiscalización, incluyendo aquellos que no fueron debida y oportunamente informados por los partidos.
Ante la posibilidad de la anulación de los comicios en Coahuila, los candidatos del PRI y del PAN rechazaron que sus campañas hayan rebasado el tope de gastos y anunciaron que podrían ir a los tribunales para impugnar la modificación de los criterios que hizo la Comisión de Fiscalización del INE.
Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, aseguró que “no le vamos a permitir a ningún partido y a ningún perdedor robarse lo que no ganaron en las urnas con mentiras y difamaciones”.
En un comunicado, Riquelme mencionó que él y su partido creen en las instituciones, mientras se mantengan en el orden legal y nunca, sin motivo, las van a descalificar.
“En caso de que el INE apruebe un dictamen en contra de nuestro interés, iremos a los tribunales para aclarar lo conducente. La ley es clara: el INE no anula elecciones; corresponde a los tribunales evaluar el proceso electoral”, explicó.
Anaya criticó el dictamen porque, acusó, es para favorecer al PRI y a su candidato porque él no rebasó el tope.
