Después de tanto hablar de robo de hidrocarburos, llega la hora de matar el hambre. Son los civiles más poderosos en el gabinete presidencial, que están en un diálogo de frente con diputados y senadores, que con dispensa de trámite autorizan que se abran las puertas para que pase un servicio de emparedados.
Van a la mitad de lo que serán seis horas de trabajo, a lo largo de las cuales revisarán el problema de los huachicoleros, y en la segunda parte, el espionaje telefónico.
Están sentados en la mesa del poder de la Cámara de Diputados, en la sala de acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que desde las 12 horas ha sido el espacio central de un dispositivo de seguridad, no visto antes en el Palacio Legislativo.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, marca el ritmo y la apertura de la reunión, en la que tiene participación destacada el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade. También están el director del Cisen, Eugenio Ímaz Gispert, y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
A ellos se sumó el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, quien presentó la situación imperante sobre el robo de hidrocarburos a la empresa, pero al filo del hambre, antes de las 15:00 horas, desahogado este tema, salió del búnker legislativo, y él pudo ir a comer un platillo caliente.
Funcionarios del gobierno federal y legisladores comen los emparedados sin interrumpir el trabajo: exposiciones, preguntas y respuestas.
Las reuniones de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional son privadas y, esta vez, por la alta concentración de escoltas, así como de personal de Resguardo Parlamentario, lo que ocurre es un encuentro blindado. En el perímetro del Palacio Legislativo se ven guardias, vehículos especiales, y en los estacionamientos, un discreto rondín de canes entrenados para avisar si olfatean explosivos.
A las 12:00 horas, la última camioneta, la de Osorio Chong, traspone el portón de la calle, y en un par de minutos entra a la sala de la reunión, donde, según la ley, los funcionarios se deben ajustar al control legislativo, que ejerce en esta ocasión la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, bajo la presidencia del perredista Waldo Fernández González.
El hecho, sin embargo, es que el mango de la sartén está del lado de los servidores públicos. Se abre el trabajo con el ritual de la rendición de protesta de guardar secreto de lo que allí se trate.
Si lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, la información que se maneja en una reunión de Seguridad Nacional debe ser objeto del más riguroso secreto.
