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El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, enfrenta hoy ante el Tribunal de Apelación de Florencia, en Italia, una audiencia para examinar las peticiones de extradición, que han solicitado tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses lo solicitan por los delitos de asociación criminal y facilitación de tráfico de drogas, de acuerdo con Luca Marafioti, quien dirige al grupo de abogados de la defensa. México lo requiere por corrupción y tráfico de drogas, señaló la misma fuente el pasado 6 de julio.
No es obligatorio que Yarrington comparezca personalmente en la audiencia de hoy, ya que puede hacerlo a través de sus abogados.
Se prevé que el fiscal presente su argumentación sobre el caso ante el Tribunal de Apelaciones y la defensa dispondrá de 10 días para articular su respuesta.
En caso de que el tribunal decidiera extraditar a Yarrington, al ex gobernador le quedaría la posibilidad de apelar ante la corte suprema italiana, el Tribunal de la Casación, donde la decisión quedaría en manos del ministro de Justicia de ese país.
El ex gobernador, de 60 años, fue detenido en Florencia el pasado 9 de abril. Al momento de su arresto portaba una licencia de manejo y un pasaporte falsos, que lo identificaban como José Ángel Márquez Pérez. Desde entonces está en la prisión de Sollicciano en espera de que se resuelva su extradición.
El pasado 19 de abril Estados Unidos y México anunciaron su intención de priorizar la extradición del ex gobernador a territorio estadounidense.
Según el acuerdo entre ambos países, dado a conocer a través de un comunicado emitido por el Departamento de Justicia estadounidense y firmado por el fiscal general de EU, Jeff Sessions, y el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade, a la finalización de su juicio en territorio estadounidense, enviarían a Yarrington a México temporalmente para que enfrente los cargos correspondientes ante la justicia.
De la misma manera, ambos representantes se comprometieron a “intercambiar información” sobre el caso y “colaborar en las respectivas acusaciones contra Yarrington”, así como utilizar “todos los instrumentos legales posibles” para ese propósito.
En Estados Unidos el ex gobernador enfrenta los cargos más severos y es en donde sería juzgado por importación y distribución de droga, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero, todos cometidos entre 1998 y 2013 en el estado de Texas. Podría ser condenado hasta a cadena perpetua.
En México, por su parte, Yarrington podría ser sentenciado a un máximo de 20 años por delitos contra la salud cometidos entre 1998 y 2005 en el estado de Tamaulipas.