Este 19 de julio entra en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y con ello se completa la normativa del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Ahora los servidores públicos y particulares que incurran en casos de corrupción podrán ser castigados con sanciones administrativas como amonestaciones, inhabilitación y multas económicas , en caso de faltas leves.
Sin embargo, en caso de faltas consideradas como graves se les impondrán un castigo de hasta 12 años de prisión.
Empero, si los funcionarios y los particulares incurren en los llamados “moches” o cobro de “diezmo” en la contratación de obra pública , el castigo puede llegar hasta 14 años de prisión a la que se pueden sumar otros agravantes.
También se prevé la suspensión de actividades , hasta por seis años, a empresas que participen en actos de corrupción.
A partir de este miércoles todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno deberán publicar de manera obligatoria su declaración patrimonial, de interés y fiscal, resguardando sus datos personales.
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