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alberto.morales@eluniversal.com.mx
A dos días de que venza al plazo para nombrar al fiscal anticorrupción, el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, aseguró que su partido no se prestará a aprobar el nombramiento de un fiscal que carezca de autonomía y que no cuente con las necesarias atribuciones y facultades que hagan operante su funcionamiento.
El líder de los legisladores de Acción Nacional señaló que su bancada ha insistido en los meses recientes en la necesidad de nombrar a un fiscal autónomo, para lo cual han sometido a debate público el tema y se han puesto sobre la mesa propuestas puntuales.
El senador por Aguascalientes consideró que lo ideal es completar la estructura institucional del SNA, con los nombramientos del fiscal anticorrupción y los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que tendrán competencia material para imponer sanciones a los servidores públicos y particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves.
Pero, agregó, en tanto no se resuelven dichos nombramientos en el Senado, existen los mecanismos para que el SNA opere, toda vez que la PGR cuenta con las instancias para conocer e investigar casos de corrupción de servidores públicos, y habrá cinco salas especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, creadas recientemente por el TFJA.
Empero, el PRI-gobierno no ha mostrado un compromiso serio ni planteado con claridad si está a favor de esa exigencia de la sociedad, para que el combate en contra de la corrupción sea decidido y efectivo.
“Nuestra apuesta ha sido siempre a favor de nombrar un fiscal anticorrupción, pero sostenemos que lo más importante es que esta figura cuente con atribuciones, facultades y autonomía verdaderas, para que su actuación no se preste a simulación o se convierta en un ente inoperante”, dijo.
Herrera Ávila comentó que desde el PRI se ha urgido a convocar a un periodo extraordinario de sesiones, para discutir y votar este y otros temas, sin que previamente se hayan reunido las comisiones y se cuente con los dictámenes
correspondientes.
El proceso legislativo, explicó, requiere de los necesarios consensos para integrar dicha temática y encuadrarla en el conjunto de las demandas de una sociedad harta de la corrupción y de la inseguridad que daña al país, los cuales no se han construido hasta ahora entre todos los grupos parlamentarios.
“Por este motivo, manifestamos nuestro enérgico rechazo a quienes sostienen que dicho periodo está supeditado a factores externos al trabajo legislativo”, puntualizó.
Reiteró que para que haya un fiscal anticorrupción autónomo, es necesario modificar el artículo 102 y los artículos 16 y 18 transitorios de la Constitución, para eliminar el pase automático del actual titular de la PGR para convertirse en fiscal general de la República.
También se debe reducir el término del mandato del fiscal general; aumentar el término de los fiscales especializados en combate a la corrupción y atención a delitos electorales, para que duren en el cargo al menos cinco años.
Establecer que el Senado siempre será quien designe y remueva a los titulares de las fiscalías especializadas; nombrar al titular anticorrupción en formato de parlamento abierto y hacer un rediseño integral del modelo de procuración de justicia, cuya discusión deberá realizarse en el Senado, con la participación de la sociedad civil.
Proceso señalado. La entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción ha generado en los últimos días señalamientos de diversos actores por el grado de incumplimiento.
El Comité de Acompañamiento Ciudadano (CAC) acusó la semana pasada al Senado debido a que, denunció, incumplió con su obligación de nombrar al nuevo fiscal anticorrupción de la PGR, proceso que está pendiente desde noviembre de 2014.
Por medio de un comunicado, el CAC —integrado por especialistas como Luis Carlos Ugalde, Issa Luna Pla, Silvia Inclán, Ricardo Jiménez, Fernando Nieto Morales, entre otros— advirtió que el Senado dejó vacante un cargo fundamental para desahogar múltiples expedientes de casos de corrupción y para el funcionamiento integral del SNA.
“El mayor problema es que la legislación penal anticorrupción sólo entra en vigor una vez designado el fiscal, según el transitorio primero del decreto que reforma el Código Penal Federal”, informó el comité encargado de la designación.
Ello significa que todos los casos de malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencias, que actualmente se procesan, como el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se llevarán a cabo con la legislación anterior y con una tipología de delitos
penales desactualizada.
Recordaron que los integrantes del CAC se reunieron en dos ocasiones con el senador Fernando Herrera, para destacar la relevancia y urgencia del nombramiento.
“No obstante, la Jucopo mantuvo oculto el proceso, sin mediar explicaciones claras sobre su demora. La discusión sobre su designación simplemente se diluyó ante la negligencia y los intereses políticos de todos los frentes”, señalaron los integrantes a través de un comunicado.
