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alberto.morales@eluniversal.com.mx
Especialistas en transparencia coincidieron en que si bien es legal que los legisladores sean dueños o tengan una participación accionaria en una empresa, están inmersos en un potencial conflicto de interés al hacer negocios con el gobierno federal.
Urgieron a que por medio del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se den a conocer de manera pública sus declaraciones de interés y en caso de que las empresas tengan relación con su trabajo legislativo deben excusarse de participar en cualquier asunto relacionado con ellas.
EL UNIVERSAL dio a conocer una investigación que revela que la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha transferido más de mil millones de pesos a 23 empresas propiedad de diputados y senadores de la actual Legislatura, o en las que ellos o sus familiares tienen participación accionaria y en los consejos de administración.
Entre los legisladores ligados a las empresas beneficiadas por partidas federales están: Carlos Lomelí Bolaños (Morena), 505 millones de pesos; Alejandro González Murillo (Encuentro Social), 294 mdp; Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza (PAN), 93 mdp; María Guadalupe Alcántara Rojas (PRI), 90 mdp, y Alfredo Anaya Orozco (PRI), 67 mdp.
También han hecho negocios con la administración federal, pero de menor cuantía, empresas ligadas a los senadores Ricardo Urzúa y Teófilo Torres Corzo, del PRI; Héctor David Flores, del PAN, y Zoé Robledo, del PT.
Los diputados César Camacho Quiroz, Andrés Aguilar, Jorge Enrique Dávila, Ricardo Ramírez Nieto y Gianni Raúl Ramírez Nieto, del tricolor; y Rocío Matesanz Santamaría, del PAN.
Lagunas legales. El académico de la UNAM, Khemvirg Puente, afirmó en entrevista con este diario que no hay ninguna previsión legal que impida a los legisladores ser dueños o participar como accionistas en alguna empresa, aunque “sea una falta ética mayor. No sólo en México, sino en varias partes del mundo hay un problema serio de integridad en trabajo legislativo que no sólo involucra a los diputados, sino también a su personal de apoyo, para evitar actos de corrupción en cualquiera de sus modalidades, como el conflicto de interés y la nota de EL UNIVERSAL enclava en esa categoría”.
Guillermo Cejudo, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que los legisladores federales tienen que ser los primeros en evitar cualquier apariencia de conflicto de interés.
Consideró que si hay casos en que legisladores estén involucrados en negocios y empresas con el sector público, eso tendría que haber sido declarado por las empresas y los legisladores para que en el proceso de contratación no hubiera ventajas indebidas.
“Aquí lo que importa es que la información se ponga sobre la mesa para que los encargados en la toma de las decisiones en materia de contratación la conozcan y se aseguren que no hay ventajas indebidas para excluir a alguien”, sentenció.
De acuerdo con Guillermo Cejudo, las declaraciones 3de3 tienen importancia en estos casos, porque permiten saber los intereses tanto de los diputados federales y senadores, como de los funcionarios públicos y del propio gobierno.
“Por eso son importantes las 3de3, no sólo para husmear qué tienen los representantes populares, sino porque ellos tienen autoridad y toman decisiones de contratación de mucho dinero”, dijo Cejudo, experto en rendición de cuentas.
Vitales, las 3de3. Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que es fundamental dar a conocer la utilidad de la información que se encuentra en las declaraciones 3de3, patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, para mejorar la rendición de cuentas en el país.
“Si no tuviéramos las declaraciones 3de3 con el nivel de detalle con el que están planteadas, no se podrían hacer estos ejercicios periodísticos para poder detectar estos intereses que evidentemente tienen los legisladores”.
Aseguró que si bien no es ilegal que los diputados y senadores tengan actividades en el sector privado, lo mínimo que se debe esperar bajo la nueva Ley de Responsabilidad de los servidores públicos es que transparenten estos intereses, su participación accionaria y sus ligas, especialmente si esas empresas tienen una relación contractual con gobiernos y por ende, acceden a recursos públicos.
Diego Díaz Iturbe, de la organización Impacto Legislativo, expresó que se debe hacer una reforma legal para prohibir que los servidores públicos y los legisladores reciban otra percepción que no es la designada para el cargo que fueron contratados, como la prohibición que tienen los integrantes de órganos autónomos como el Inai o el INE.
“Los legisladores deben definir a qué van al Congreso, si a hacer negocio o a representar los intereses de los ciudadanos, no pueden ser integrantes de la Comisión de Agricultura y tener una empresa de ese ramo, sin que se conozca cuáles son sus intereses”, dijo.
Guillermo Ávila, investigador de Fundar Centro de Análisis e Investigación, declaró que la investigación de EL UNIVERSAL confirma que el Poder Legislativo se ha quedado muy rezagado en transparencia y rendición de cuentas, en parlamento abierto, donde parece que hay un completo desinterés.
“Todo mundo puede tener un negocio y concursar de manera legal, pero la verdad es que no abona a la confianza y que creamos que los legisladores están en esos puestos para representar a los ciudadanos de manera honesta y abierta”. El senador Benjamín Robles (PT), dijo que el otorgamiento de contratos del sector público debe ser transparente y eliminar la asignación directa. “Se deben cerrar espacios, en los que se gestan los moches, particularmente en la Cámara de Diputados, donde surgen legisladores que de la noche a la mañana también son constructores”, dijo.
