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Antonio Enrique Tarín García, ex colaborador del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acusó que la Fiscalía General del estado de Chihuahua omitió citarlo a comparecer en la carpeta de investigación en la que fue señalado por un testigo protegido por tráfico de influencias.
El ex funcionario solicitó un amparo por esa omisión de la fiscalía y requirió que se ordene al agente del Ministerio Público evitar ejercer acción penal en su contra hasta que conozca el contenido de las declaraciones relativas a su actuar como director de Adquisiciones del gobierno de Duarte Jáquez.
En el expediente 522/2017, el juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional solicitada por Tarín García, quien actualmente se encuentra preso en Chihuahua y enfrenta dos acusaciones.
Una por peculado y otra por peculado agravado, debido a supuestas irregularidades cometidas durante su gestión en el gobierno de Duarte Jáquez.
“Se concede la suspensión provisional para que, en caso de que efectivamente el quejoso tenga la calidad de probable responsable en la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal número 1841/2017, la autoridad ministerial responsable se abstenga de formular la imputación en su contra hasta determinar la carpeta de investigación. Esto, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público.
“Será hasta que se resuelva la suspensión definitiva, lo cual no implica la paralización de la facultad de investigación y la integración de la misma”, se indica el acuerdo emitido por el juez.
En la causa penal iniciada por la consignación de la carpeta de investigación en la que surgió el nombre de Tarín García, el juez de Control vinculó a proceso por tráfico de influencias en agravio del erario estatal al ex diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Mariano Reyes, y al empresario Iván Sánchez Jasso.
De las declaraciones en la carpeta de investigación, un ex funcionario de la Secretaría de Hacienda estatal, en su carácter de testigo protegido, señaló que Antonio Enrique Tarín García autorizó el pago de 2.4 millones de pesos a Bildung Consultoría Internacional, y que por orden del ex gobernador César Duarte Jáquez, la erogación se dividió en cinco partes mediante cheques expedidos entre el 23 de agosto y el 30 de septiembre de 2016.
Tanto Mariano Reyes como Sánchez Jasso son socios de esa empresa. El testigo indicó que todos los cheques fueron depositados en una cuenta en el banco Santander.
En el caso de Fernando Reyes, los pagos autorizados por César Duarte Jáquez se hicieron por concepto de prestación de servicios, mismos que fueron simulados mediante un contrato celebrado con Bildung Consultoría.
Los imputados fueron vinculados a proceso acusados por tráfico de influencias. Hasta ahora, la fiscalía estatal no ha informado si derivado de las declaraciones del testigo protegido también investiga la participación de Tarín García en la autorización de los pagos.
