El Comité de Inteligencia del Senado en Washington tiene en jaque al presidente de Estados Unidos, con una investigación sobre la eventual injerencia de Rusia en el proceso electoral de 2016, y ha interrogado a uno de los actores en el escándalo, el ex director del FBI, James Comey, en sesiones públicas presididas por Richard Burr, del mismo partido que Donald Trump.
El lunes pasado The New York Times publicó que probablemente el gobierno mexicano espió a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, lo cual rechazó el jueves el presidente Enrique Peña Nieto.
En México esta práctica de contrapeso de poderes no existe en el régimen de gobierno; el Congreso no tiene facultades de investigación y, de hecho, el poder Legislativo está diseñado para ser débil y en la práctica los acuerdos cupulares someten a las cámaras al Ejecutivo, señalan especialistas y legisladores.
Diego Valadés Ríos, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, dice que “a diferencia de Estados Unidos, no tenemos un sistema constitucional que garantice el control político sobre actividades gubernamentales”.
Agrega: “La Constitución establece un sistema representativo débil, mutilado, sin facultades de control, y así tenemos estados gobernados por verdaderos caciques, vemos un desbordamiento desmesurado de la corrupción, justo porque no hay controles políticos adecuados y oportunos”.
El constitucionalista José Elías Romero Apis, presidente de la Academia Nacional y quien ha sido diputado federal por el PRI, expone que el Congreso en México “no tiene facultades de investigación que llevarían a un equilibrio, a contrapesos con otros poderes, y cuando nombran una dizque Comisión de Investigación es como tener un perro guardián que no tiene dientes”.
En Estados Unidos los poderes Legislativo y Judicial tienen facultades para investigar al Ejecutivo, en tanto “los mexicanos nos hemos empeñado durante 100 años en tener poderes Legislativo y Judicial débiles, y en eso hemos sido muy exitosos”.
La gran capacidad de información la tiene el Ejecutivo, no el Congreso, y es difícil que las comisiones de Hacienda o Justicia, por ejemplo, se puedan meter a la Secretaría de Hacienda o la Procuraduría General de la República (PGR), y la capacidad de conocer, imaginar, diseñar y proponer está en el gobierno.
Romero Apis subraya: “Tiene más información un director general de una secretaría de Estado que el Congreso de la Unión”.
El politólogo del ITAM José Fernández Santillán plantea que en México “las comisiones legislativas reciben a los encargados del ramo del Ejecutivo, pero no tienen poderes efectivos, como en Estados Unidos, donde se ejercen facultades para controlar el funcionamiento del gobierno”.
Habría que dar, expone, el paso siguiente: fortalecer a las comisiones legislativas y darles dientes.
El legislativo norteamericano tiene poder para castigar a los funcionarios que observa y cita a comparecer, “y esto en México suena como una cuestión totalmente extraña”.
Desde dentro del Congreso, el senador Patricio Martínez (PRI), ex gobernador de Chihuahua, dice que no hace falta una gran reforma para que el Legislativo en México ejerza contrapeso frente al Ejecutivo: “Basta con aplicar las leyes que tenemos, y no se respetan porque hay obstáculos que impiden que legisle los asuntos de interés para la sociedad”.
Explica: En comisiones se mueren iniciativas que no convienen y uno de muchos casos es la cuestión del doble remolque, un problema en el que se pierden vidas humanas y se destruye la infraestructura carretera, pero que no avanza en el Senado, “porque la corrupción ha impedido que esa reforma se ejecute, por parte de empresas”.
A su vez, el senador Ernesto Ruffo Appel (PAN), primer gobernador de oposición en México, dice: “Esto para mí, después de cinco años de senador, es una pantomima; el Congreso de la Unión está ‘maiceado’ por la Secretaría de Hacienda que pacta con la Jucopo de la Cámara de Diputados una asignación presupuestal para los llamados ‘moches’, y ahí valió todo, así de claro”.
Piden remoción... no la conceden
El lunes 26 de mayo de 2008, un reportaje de EL UNIVERSAL destapó un escándalo por supuesto espionaje en la Cámara de Diputados que llevó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a pedirle al entonces presidente Felipe Calderón, el 9 de julio de ese año, la renuncia de su director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, a lo cual se negó el gobierno.
Integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso se reunieron con Valdés. Solamente eso.
Por el caso sólo hubo una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Cisen para que en el futuro contratara a empresas con la experiencia que ostentan.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió el expediente DE-38/08 para averiguar presuntas irregularidades.
A principios de la 60 Legislatura, iniciada en 2006, un grupo de jovencitas llegó a la Cámara de Diputados a solicitar entrevistas con los nuevos legisladores, integrantes del órgano legislativo, con la promesa de que se escribiría un libro con sus perfiles para la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano.
De esta manera, los entrevistados contaron detalles de su pasado político, sus fobias y hasta con quiénes simpatizaban, como documentó este diario al revelar una serie de contratos obtenidos por Laura Ballesteros Mancilla con el gobierno federal desde la etapa de transición con el equipo del ex presidente Felipe Calderón en 2005.
El libro nunca se publicó, a pesar de que se dijo a los legisladores que sería el Fondo de Cultura Económica quien lo editaría.
A final de cuentas se trataba de la empresa dirigida en ese momento por Ballesteros Mancilla, que contaba con la colaboración de una docena de jóvenes que despachaban un día en un departamento, luego en otro, en la colonia Del Valle de la Ciudad de México.
Tras la revelación del contrato y el uso que estaban dando a la información, el Congreso —con la oposición del PAN— pidió en julio de 2008 la renuncia de Valdés Castellanos, luego de que éste declaró a corresponsales extranjeros que presumía la existencia de vínculos del narcotráfico en el Poder Legislativo.
Valdés recorrió estaciones de radio y sostuvo un encuentro con periodistas de medios de otros países acreditados en México para explicar las actividades del Cisen, pero el Financial Times publicó sus dichos.
Espíritus chocarreros en acción
El priísta Patricio Martínez explica uno de los mecanismos de funcionamiento del Congreso, que van en contra del propio Poder Legislativo: Los acuerdos se alcanzan por la suma de voluntades de fracciones partidistas, es decir, impera el sistema de cuotas.
Dice que él prefiere que “se privilegie el equilibrio con los poderes Ejecutivo y Judicial”, y en ese sentido, “con las leyes que tenemos podríamos ejecutar muchas acciones correctivas de problemas, y si no se lleva a cabo es porque no hay interés o conciencia”.
El Poder Legislativo, añade Martínez García, “es inmaduro; nuestra democracia ha dado pluralidad al Congreso, pero éste no tiene eficacia en su operación que permita que una iniciativa pueda ser aprobada, ya que siempre hay ‘espíritus chocarreros’ que lo impiden”.
Al respecto, Ruffo Appel dice que para ejercer contrapeso de poderes, “en México tenemos que poner al gobierno como si estuviese en una vitrina y luego, nosotros mismos como ciudadanos, ser observadores, llamar la atención y pedir cuentas cuando algo esté irregular”.
El especialista Fernández Santillán, investigador nivel III del SNI, explica que “nos faltan muchos pasos en el fortalecimiento institucional para que el Congreso mexicano ejerza acciones de contrapeso del Ejecutivo, como es el caso de Estados Unidos, donde se pueden formar comisiones con autonomía para investigar si hubo intromisión rusa en las elecciones”.
Los estadounidenses “tienen un sistema presidencial y federal, y nosotros también, pero hay notables diferencias en el funcionamiento”.
Afirma que los vecinos del Norte tienen bipartidismo y en México pluripartidismo, “pero eso no quiere decir que el Congreso en México sea un poder más ágil; al contrario, los acuerdos son difíciles, porque no hay partido que tenga el control, que represente una mayoría estable, y este es el gran problema”.
En el Capitolio, la comisión que investiga al presidente Donald Trump está encabezada por un senador del mismo partido que desempeña su trabajo a regañadientes y, a pesar de ello, está funcionando en su papel de contrapeso. En este sentido, agrega el politólogo Fernández Santillán, hay que subrayar que “debe haber colaboración, pero con control. Y deberíamos de instrumentar eso en nuestro país, garantizar la gobernabilidad y ser contrapeso también”.
Plantea el investigador del ITAM Ciudad de México que “urge adecuar nuestro marco constitucional a una gobernabilidad democrática, pues ya nos quedó chico el traje”, luego de que hace 20 años se cerró la etapa de partido hegemónico y de presidencialismo fuerte.
El constitucionalista Romero Apis explica la capacidad de control que tiene en Estados Unidos el Congreso sobre el Ejecutivo, y de lo cual carece México. “El sistema constitucional mexicano está más apegado a la idea original de separación de poderes, como la concibió Montesquieu hace más de dos siglos, con todo lo que significa que el Poder Legislativo mexicano no tenga facultades que llevarían a un equilibrio al contrapeso de poderes”.
Mucho se ha discutido, agrega, sobre “cuál será el equilibrio de poderes más acertado, si el que impide que los poderes se obstaculicen, se obstruyan, atoren, atasquen entre sí, o bien al estilo norteamericano, con facultades que a veces se confunden con las de los otros poderes”.
También considera Romero Apis, quien ha sido legislador federal, que “el Congreso funciona prácticamente sin recursos económicos, informativos, tecnológicos, y en su renovación no hay continuidades; hemos vivido épocas de no reelección que lo hacen débil”.
Señala que la Suprema Corte, “en la resolución más fuerte, la de amparo, ha estado limitada durante siglo y medio a que no tenga efectos amplios para derogar leyes, y por tanto, no contrapesa. Está diseñada para ser débil”.
Gobernar con el consejo del Senado
El constitucionalista de la UNAM, Diego Valadés Ríos, dice que, en efecto, el sistema presidencial mexicano estuvo inspirado en el de Estados Unidos, pero sólo en la denominación, más no en el funcionamiento.
“En Estados Unidos desde el principio se previó que el presidente ejercía sus funciones de acuerdo con el consejo y consentimiento del Senado”, y este principio lleva a que los funcionaros del Ejecutivo requieran la ratificación senatorial.
A partir del siglo XVIII, en Estados Unidos “se aprobó la facultad del Congreso de llevar a cabo acciones de investigación sobre las actividades relacionadas con el Ejecutivo”. Mientras, en México hay una gran discrecionalidad para que los presidentes designen y remuevan a sus colaboradores. Es reciente que las cámaras intervengan en la designación de algunos funcionarios, dice el investigador del IIJ de la UNAM.
“En investigación existen serias limitaciones para el Congreso mexicano. El artículo 93 —expone Valadés Ríos— no permite que se establezcan comisiones de investigación con relación al gobierno, sólo en relación con organismos descentralizados, de empresas de participación estatal, y eso, cuando lo promueva la mayoría en el Senado o Cámara de Diputados”.
En la actualidad, “el sistema constitucional mexicano mantiene una clara preeminencia del poder Ejecutivo federal y local sobre el sistema representativo”. Valadés señala que “en los últimos tres lustros hay la tendencia a una progresiva ampliación de las facultades del Congreso”.
Advierte una oportunidad de avance en 2018, en caso de que se establezca un gobierno de coalición por primera vez, y en ese caso, como establece una reforma constitucional, “el gabinete presidencial tendría que ser sometido a la aprobación del Senado, así como el Plan Nacional de Desarrollo”.
En caso de que el próximo Presidente de la República esté en condiciones de optar por gobernar sólo con el apoyo que le den diputados y senadores de su partido, la Cámara Alta no tendría facultades de designar, expone Valdés.
Hizo hincapié en que “la tendencia es darle progresivamente mayores facultades al sistema representativo mexicano”, y sostuvo que no tendremos una democracia plena “en tanto el Poder Legislativo no tenga instrumentos eficaces para controlar la acción del gobierno”.
