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La propuesta para declarar ilegal la ampliación del término de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está a un voto de ser desestimada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ayer, tres de los 11 integrantes del pleno, Eduardo Medina Mora, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, votaron en contra del proyecto que propone anular la ampliación del mandato que benefició a cuatro magistrados del TEPJF.
Con un voto más, la propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no alcanzará la mayoría calificada requerida por ley, que es de ocho votos, para declarar inconstitucional la modificación del mandato de los magistrados. De ser desestimado el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, la Corte estaría avalando el decreto de noviembre de 2016, con el que se ampliaron los mandatos de tres a seis años y de seis a ocho años, de cuatro magistrados electos en octubre de ese mismo año.
Pardo Rebolledo dijo que esta modificación realizada por el Congreso en lugar de poner en duda la independencia judicial, la fortalece.
“Con esta modificación, que tal vez fue inoportuna porque fue muy cercana a la fecha en que entrarán en funciones los magistrados designados, pero yo no advierto que lleguemos al grado de considerarla inconstitucional, lejos de advertir que esto afecta la independencia judicial, me parece que la intención es fortalecerla para el debido ejercicio de las funciones que desempeñan”, dijo.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena defendió su proyecto y argumentó que las condiciones de los nombramientos de los magistrados, una vez que fueron designados, son indisponibles, es decir, no pueden ser modificadas mediante una reforma.
“El 3 de noviembre se emitió la norma reclamada en la presente acción de inconstitucionalidad, la cual prorrogó de manera automática los periodos de mandato de cuatro magistrados, los cuales rindieron nuevamente protesta”, señaló.
“Una vez designado el magistrado electoral, las condiciones de su nombramiento son indisponibles para el legislador secundario y, en consecuencia, no es un ámbito al cual se puede otorgar deferencia a la política”.
El argumento del ministro ponente fue acompañado por José Ramón Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quienes optaron por declarar ilegal la ampliación: “El decreto impugnado no sólo amplió la duración de las magistraturas de ese órgano jurisdiccional de tres a siete y de seis a ocho años, ese decreto, además determinó qué magistrados ocuparían cada una de las magistraturas reconfiguradas, o dicho en otras palabras, el Congreso decidió de facto, qué magistrado en concreto sería el más adecuado para cada uno de los nuevos periodos fijados en el decreto impugnado”, indicó Piña Hernández.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena afirmó que no cambiará el sentido de su proyecto y lo sostendrá.
