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La oposición en el Congreso de la Unión emplazó al presidente Enrique Peña Nieto a asumir una postura pública y un compromiso ante las revelaciones de que con programas de espionaje adquiridos por dependencias del gobierno se violó la privacía de periodistas y activistas críticos, puesto que el jefe del Ejecutivo federal ha guardado silencio ante un asunto que representa una crisis de Estado.
En tribuna de la Comisión Permanente, el diputado Federico Doring (PAN) dijo que “es una vergüenza para México que la postura semioficial del gobierno sea en un boletín sin hoja membretada, sin un responsable, lo mínimo que merece la opinión pública es que el presidente Peña Nieto, si dice que está en contra de eso, lo haga público, que se comprometa”.
Ante las descalificaciones de la oposición, diputados y senadores del PRI rechazaron que el gobierno espíe y desautorizaron la publicación de The New York Times, en la que se informó que se usó en México el programa Pegasus para infectar teléfonos celulares, y aunque no hay pruebas de que hubiera intromisiones específicas, “la gente cree que el gobierno espía”.
La senadora Graciela Ortiz (PRI) y la diputada Lía Limón (PVEM) informaron de las acciones emprendidas por la PGR para esclarecer el asunto y rechazaron los señalamientos en los que se concluye que el gobierno de Peña Nieto espía a periodistas y activistas, sin más sustento que los ánimos políticos con vistas a 2018.
El presidente del Senado, Pablo Escudero (PVEM), dijo que los medios de comunicación deben reflexionar sobre el hecho de que difunden grabaciones de telefonemas que se obtienen con prácticas de espionaje y que se realizan para causar daño a alguien, mediante la violación de la ley.
En su sesión de ayer, los partidos enlistaron seis proposiciones con punto de acuerdo, en las que plantean la creación de una fiscalía especial para que investigue este caso de espionaje, como lo pide el senador Miguel Barbosa Huerta.
Un grupo de senadores del PAN firmaron una proposición en la que solicitan que comparezcan los secretarios de Gobernación, la Defensa Nacional, y los titulares de la PGR y del Cisen. Del PT, los diputados Vidal Llerenas y Virgilio Caballero solicitaron además la comparecencia de comisionado Nacional de Seguridad.
Panistas y perredistas de ambas cámaras proponen que se pida a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la fiscalización, desde 2012, de los gastos en la adquisición del programa Pegasus, y que los estados reporten las compras que hayan realizado de este software o similares.
Los priístas presentaron una proposición a fin de que se solicite a la PGR un informe “sobre los avances en la investigación de presuntos actos de espionaje por parte del entonces gobierno federal [panista], contra Josefina Vázquez Mota, en el proceso electoral 2011-2012”. Los planteamientos fueron enviados a comisiones para su dictamen y retorno al pleno de la Comisión Permanente.
El presidente de la Comisión Permanente, Escudero Morales (PVEM), dirigió el debate de diputados y senadores sobre el escándalo del espionaje que se abrió con la publicación de The New York Times, en el sentido de que las secretarías de Gobernación y la Defensa Nacional, y la PGR compraron el software Pegasus y que lo habrían utilizado para espiar teléfonos celulares de periodistas y activistas.
La senadora tricolor Ortiz González aseguró que periodistas y activistas “en ningún momento han sufrido una invasión a su privacidad” e insistió que en la búsqueda de respetar los derechos humanos, el PRI estará siempre atento. Dijo que la PGR despliega una investigación a fondo, y rechazó que pueda crearse una fiscalía especial para ello.
El senador Barbosa Huerta (PT) aseguró que los gobiernos federal y de diversos estados, “hacen vigilancia y espionaje político a sus adversarios y eso es parte de una cotidianidad que se vuelve la normalidad”.
El diputado Jesús Zambrano (PRD) dijo que preocupa que en el proyecto de Ley de Seguridad Interior hay preceptos para ampliar las facultades de los órganos del Estado para intervenir en la vida privada, y lo ocurrido refuerza las dudas de los perredistas.
La senadora Mariana Gómez indicó que “lo que estamos viendo es una regresión antidemocrática, autoritaria: volvemos al México de los 60, el que utilizaba el aparato del Estado en contra de los ciudadanos, el que espiaba y desaparecía”.
La coordinadora del PRD en la Cámara Alta, Dolores Padierna, expresó: “Estamos ante una crisis de Estado, puesto que esta publicación ha colocado en jaque a las instituciones nacionales encargadas de la prevención y de la investigación de actos criminales, y ha evidenciado que ninguna instancia nacional es capaz de resolver o atender seriamente las denuncias de quienes han visto vulnerados sus derechos”.
El senador Héctor Larios (PAN) dijo: “No queda duda, este es un espionaje desde el poder, y no podemos acostumbrarnos a que en este país no pasa nada, cuando en otros países esto significaría iniciar una investigación, incluso contra el propio presidente de la República”.
