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Desde 2007 el Congreso frenó una reforma constitucional para impedir que a la sombra del poder político, legisladores hagan negocios. La opacidad es característica del Congreso de la Unión y de las cámaras de Diputados de los estados, como lo muestra el hecho de que en la plataforma ciudadana 3de3.mx, sólo publicaron su declaración de interés uno de cada cuatro legisladores, además de que sólo 3% de los congresos estatales tienen reglas para evitar conflictos de interés de sus miembros.
Los contratos que obtienen legisladores del gobierno federal son una práctica en el Congreso de la Unión, así como en las cámaras de Diputados de los estados, como lo mostraron investigaciones de EL UNIVERSAL, publicadas los pasados 8 y 9 de junio.
Con base en información pública que revisó este diario, más de mil millones de pesos facturaron al gobierno de Enrique Pena Nieto, en lo que va de la administración, 23 empresas de legisladores federales. La red de negocios abarca los congresos de los estados, en los que siete empresas obtuvieron contratos por casi 790 millones de pesos.
El proyecto de adiciones a la Constitución de hace diez años, en materia de conflicto de interés, establecía que quedaba prohibido a los legisladores litigar en contra del Estado, luego del antecedente de que quien fue senador panista Diego Fernández de Cevallos había ganado juicios a dependencias del gobierno federal. Ello provocó reacciones en contra de “legislar en la mañana y litigar en la tarde”.
La reforma que salió del Senado y se estancó en la Cámara de Diputados incluía el impedimento a desempeñarse con “doble cachucha” a los legisladores suplentes.
Al cesto de la basura
A lo largo de 10 años, al menos, el Congreso ha obstruido reformas para prohibir que a la sombra del poder político, legisladores hagan negocios, acusó el ex senador y ex diputado federal panista Rubén Camarillo.
Hoy empresario y vicepresidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, Camarillo impulsó en 2007, como senador, adiciones a la Constitución para prohibir a diputados y senadores ocuparse en negocios y empleos de manera paralela, con potenciales conflictos de interés.
El Senado aprobó entonces por unanimidad el proyecto de adiciones al artículo 62 constitucional, y la minuta pasó a revisión de la Cámara de Diputados. Pero allí quedó en la congeladora, sin interés por estudiarla y votarla. Fue desechada por el mero paso del tiempo.
De haber avanzado, esos vínculos de
negocios actuales no podrían realizarse,
explica Camarillo.
Camarillo, un empresario panista que había incursionado en el Senado, fue luego diputado federal y en San Lázaro propuso la reforma al Reglamento de la Cámara Baja para prevenir el conflicto de interés de los legisladores.
“Como diputado federal, en 2013, presenté una iniciativa de modificaciones al Reglamento con el fin de poder evitar cualquier conflicto de interés en la función legislativa. Desafortunadamente tampoco prosperó en su momento”.
El panista dijo que el actual Sistema Nacional Anticorrupción debe incluir la prohibición en la Constitución a que diputados y senadores hagan negocios con el gobierno.
Afirmó que en su trayectoria de senador y diputado, “aprendí que hay de todo: gente muy comprometida, honrada, capaz, que va a la representación popular a hacer el bien; desgraciadamente también hay quienes van al legislativo a ver por su beneficio. En el Congreso hay de todo”.
El empresario, ex senador y ex diputado expuso que “es compatible ser legislador y empresario; lo que se debe hacer es no mezclar una actividad con la otra, no utilizar la posición de legislador para tener ventajas y también contratos”.
Lamentó que el Congreso de la Unión se oponga a tener controles que impidan y sancionen llevar a cabo negocios a la sombra de la responsabilidad de legislar.
“Hemos avanzado mucho en el país en transparencia, y se han hecho grandes esfuerzos en el nivel federal, en estados y municipios, y no veo por qué el poder Legislativo podría ser la excepción, al contrario”.
Subrayó que quienes van a las responsabilidades públicas deben de transparentar sus actividades para que no haya problemas, y reiteró: “No es delito tener negocios particulares, al contrario, es un privilegio y se debe cuidar que los negocios no se mezclen con actividades del sector público”.
Niegan transparencia
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dio cuenta de la baja participación de los legisladores a las prácticas de transparencia. Citó que en la plataforma ciudadana 3de3.mx, sólo publicaron su declaración de interés uno de cada cuatro senadores, e igualmente, uno de cada cuatro diputados. La 3de3 incluye las declaraciones patrimonial y fiscal, además de la de interés.
Eduardo Bohórquez también señaló que únicamente 3% de los congresos estatales tenían algún tipo de norma para evitar el conflicto de interés, y ninguno cuenta con un registro público para declaración de intereses, de acuerdo con el Diagnóstico para el Parlamento Abierto de 2015.
También, desde hace 10 años, Transparencia Mexicana impulsa que los congresos de los estados tengan políticas para prevenir que los legisladores incurran en potenciales conflictos de interés en el cumplimiento de sus responsabilidades, al tener negocios con otros poderes del Estado.
El hecho de “ser proveedores del Ejecutivo en un estado no es trivial, y es importante saber si la función de contrapeso del Ejecutivo es la misma cuando hay algún interés económico del legislador”.
Reforzar el SNA
Otras propuestas de reforma que hubieran cerrado el paso a los negocios y al manejo de influencias, también han sido frustrados en la Cámara de Diputados, como ocurrió a otros proyectos, como uno del PRD, que fue desechado en 2011, y que proponía legislar en materia de conflicto de interés. Sin embargo, después llegó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuya implementación está inacabada y desprovista de disposiciones más allá de los instrumentos iniciales de las declaraciones 3de3.
