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Luego de que el pasado 7 de junio el gobierno de México entregó al de Guatemala la solicitud formal de extradición de Javier Duarte de Ochoa y de que la petición fue remitida ese mismo día por la cancillería guatemalteca al Ministerio Público, quedó abierto un periodo, salvo eventualidades, que oscilaría de 20 a 60 días de audiencias, apelaciones y réplicas para definir si el ex gobernador de Veracruz será o no enviado a enfrentar a la justicia federal mexicana.
Los detalles fueron aclarados ayer a EL UNIVERSAL por Juan Daniel Lemus Ramírez, secretario del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, que tramita el caso contra Duarte que inicialmente fue por los supuestos delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita que habría cometido en su gestión como gobernador, de 2010 a 2016.
El pasado miércoles el gobierno mexicano informó que el reclamo se basa en la orden de aprehensión librada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se añadieron dos órdenes libradas por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
El político —en fuga desde mediados de octubre de 2016 (seis meses) y detenido a petición de México, y con carácter provisional con fines de extradición— ingresó la madrugada del 16 de abril a Matamoros, una cárcel en un cuartel militar de la capital guatemalteca.
En una audiencia en el tribunal el 19 de ese mes, Duarte rechazó “allanarse” para ser extraditado a México y, con la condición de conocer primero la solicitud mexicana, se reservó el derecho de acogerse a un trámite expedito para ser repatriado y sometido a la justicia de su país.
Lemus confirmó que, según la Ley Reguladora del Proceso de Extradición en Guatemala, Duarte se puede allanar “en cualquier momento” y aligerar la gestión, regida por el tratado bilateral de extradición.
En la vista del 19 de abril, el tribunal concedió 60 días a México para aportar el requerimiento y precisó que el plazo comenzó a correr al siguiente día hábil —24 de ese mes— de que la cancillería guatemalteca notificó el 21 sobre el acuerdo judicial a la embajada mexicana en Guatemala.
Traslado. Lemus explicó ayer a las 12:20 horas de Guatemala (13:20, tiempo del centro de México) que “todavía no hemos recibido” la documentación de México y que el tribunal espera que el ministerio se la transfiera. En el resto de la tarde tampoco hubo confirmación de recibido.
Luego de tener en su poder el expediente, el tribunal tendrá un mínimo de 10 días hábiles y un máximo de 15 para llamar a audiencia a las partes —Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General (Ministerio Público) y Duarte con su defensa— y efectuarla dentro de esos plazos. En la convocatoria a la defensa, el tribunal adjuntará copia de los documentos que presentó México, relató.
