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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés a los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que impugnaron la Ley 3de3 y por mayoría de votos acordaron que en el nuevo sistema anticorrupción las declaraciones fiscal, patrimonial y de interés de los servidores tengan versiones públicas.

Por mayoría de votos, el pleno de la Corte se pronunció a favor del proyecto del ministro José Ramón Cossío, que declara constitucionales los artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3.

El fallo establece que la ley se mantiene como está, pero en la configuración del nuevo sistema anticorrupción, el comité coordinador ciudadano tiene la facultad para establecer las normas y los formatos en los que los servidores habrán de presentar sus declaraciones y se permita la reserva de datos personales.

Por seguridad, es válido que los funcionarios mantengan en secrecía datos personales, puesto que no toda la información es necesaria y hay partes que pueden poner en peligro su vida o su integridad, lo que no justifica que el interés público esté por encima de ese riesgo.

Los funcionarios, incluidos los del Poder Judicial que obtienen salarios de hasta 4.08 millones de pesos al año, no están obligados a presentar sus declaraciones.

“Lo que esto significa en términos materiales, es no hacer pública la información que ponga en peligro la vida o la integridad del servidor y la que se refiere a los datos personales que queden fuera de la finalidad del Sistema Nacional Anticorrupción”, estableció el ministro.

El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, dijo: “Si bien, la calidad propia del servidor público lo ubica en un automático plano, si no ajeno a la de un ciudadano ordinario quizá en uno distinto, pues a propósito de su función le son reconocidas una serie de obligaciones y facultades bien especificadas, no creo que por ese motivo, ciertos datos estrictamente pertenecientes al ámbito privado del servidor, como persona, deban considerarse publicitadas dada esa sola calidad”.

Sin embargo, votó en contra de avalar la facultad del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Transparencia para proponer y emitir los formatos para rendir las declaraciones 3de3.

En contra también votaron los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo, con la ausencia de Alberto Pérez Dayán.

El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales (PVEM), se congratuló por la decisión de la SCJN que declaró constitucionales los artículos impugnados por legisladores de oposición de Ley 3de3, que deja a facultad de los servidores públicos decidir si harán o no públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés. Dijo que confirma el rigor jurídico con el que los senadores trabajaron las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

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