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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida contra la Ley 3de3 por PAN, PRD y MC.
En la sesión del pleno de la Corte, el ministro José Ramón Cossío propuso avalar los artículos impugnados por los legisladores, quienes acusaron que violaban los principios de transparencia para combatir efectivamente la corrupción.
Pidió mantener el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por razones de seguridad personal.
Este permite a los funcionarios decidir si reservan o hacen públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de interés.
“Hay que tener en cuenta que no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria, ya que hay información que puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna justificación o prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo.
“Lo que esto significa, en términos materiales, es no hacer pública la información que ponga en peligro la vida o la integridad del servidor y la que se refiere a los datos personales que queden fuera de la finalidad del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo.
Los diputados buscaban anular el precepto que indica que los formatos para presentar la 3de3 quede dictaminado por un Comité Ciudadano, punto que el ministro Cossío también consideró constitucional.
El ministro Javier Laynez Potisek se pronunció a favor del proyecto en términos generales y, al igual que sus compañeros Norma Lucía Piña Hernández y José Fernando Franco González Salas, consideró que el pleno no debe pronunciarse por el momento sobre las facultades del Comité Ciudadano.
