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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará hoy el debate para resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3.
En la sesión del pleno de la Corte, el ministro José Ramón Cossío Díaz expondrá por primera vez su propuesta de resolución a la acción que también demanda la inconstitucionalidad del artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidieron las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Responsabilidades Administrativas y la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La demanda fue promovida en agosto de 2016 por diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes argumentaron que la Ley 3de3 contraviene los principios de transparencia para combatir efectivamente la corrupción.
Impugnaron el artículo 29 de la ley que permite que los servidores públicos reserven su declaración 3de3 (fiscal, patrimonial y de conflicto de interés).
Los tres partidos coincidieron en que la redacción de ese precepto da pie a la opacidad, al dejar en manos del servidor público reservar o hacer pública la información sobre la vida privada de los sujetos obligados, a pesar de que el espíritu primordial del artículo es mantener el control y la supervisión sobre el actuar de los funcionarios públicos.
La redacción del artículo, dijeron, lo hace inoperante, al condicionar la rendición de cuentas y permitir al sujeto obligado argumentar afectaciones a su vida privada.
Luego de hablar con representantes de la iniciativa privada, el presidente Enrique Peña Nieto eliminó mediante veto la exigencia de que cualquier ciudadano que reciba recursos públicos estaba obligado a publicar sus declaraciones, considerada en el artículo 32.
Pero no vetó el artículo 29, por lo que los diputados que promovieron la acción de inconstitucionalidad solicitaron que este artículo se apruebe, pero en los términos establecidos por los ciudadanos.
La ley establece que los formatos para presentar las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses deberá quedar dictaminada por un comité ciudadano. Los diputados buscan que la presentación y publicación de las declaraciones no pase por ese órgano.
