Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), pondrá especial atención en municipios del oriente del Estado de México. Ahí realizará un mayor despliegue ministerial en los comicios electorales del 4 de junio, informó Santiago Nieto Castillo, titular de ese órgano desconcentrado.
Nieto Castillo dijo que después de una reunión con consejeros del instituto electoral local y representantes de partidos políticos, se definió que cinco municipios sean los que tengan mayor presencia de agentes ministeriales para garantizar que no se cometan delitos electorales durante la jornada.
“Tenemos espacios donde queremos generar mayor atención, tuve una reunión con los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México y los representantes de los partidos políticos y se solicitó que hubiera una presencia importante en los municipios de Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Atlacomulco y Tejupilco”, explicó.
Afirmó que la ciudadanía no tendría que preocuparse por las próximas elecciones, porque la FEPADE y todas las autoridades garantizarán que se respete la democracia.
“Las elecciones están garantizadas, el Instituto Nacional Electoral [INE] y los institutos locales en las cuatro entidades federativas [Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz] están trabajando para capacitar a los ciudadanos, instalar las casillas y realizar las cómputos correspondientes. Se han presentado una serie de denuncias; sin embargo, no generan un panorama negro para el proceso”, aseguró.
Agentes ministeriales de la fiscalía realizarán un despliegue ministerial a partir de este jueves y hasta el 5 de junio en las cuatro entidades.
¿En qué consiste este despliegue?
—La FEPADE hace presencia en las delegaciones y subdelegaciones de la PGR, pero también participan el Instituto Nacional Electoral y los órganos locales. Hemos establecido una modalidad adicional de contar con células móviles que puedan llegar de manera directa a los lugares donde se esté cometiendo alguna conducta delictiva. El delito electoral se comete de forma instantánea, dura un minuto o dos, por ello es importante que los ministerios se encuentren en campo.
¿Cuál es la mayor limitación que tiene la fiscalía?
—Tenemos casos que dependen de los jueces, eso es propio en un Estado de derecho; como en el caso de los cateos, tuvimos cateos exitosos en lo que va del proceso electoral que nos han permitido asegurar materiales y bienes que estaban siendo entregados en las campañas, pero también hemos tenido casos como en el Estado de México: un juez nos pidió un dictamen pericial de arquitectura del inmueble, que consideramos excesivo.
Respeto la posición del órgano jurisdiccional; sin embargo no comparto este punto de vista, por la naturaleza del delito electoral es importante poder llegar rápido.
También hemos tenido una serie importante de amparos a lo largo del proceso, tres han llamado la atención por tratarse de amparos promovidos por servidores públicos, lo cual es además una cuestión atípica en los comicios.
No teníamos casos en donde las autoridades promovieran un juicio de amparo por algo muy sencillo, eso tiene que ver con que hay un deber y obligación jurídica para que las autoridades colaboremos, a fin de determinar si estamos en presencia de una conducta criminal.
Fueron tres: el secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de México, a efecto de no rendir información que le fue requerida y no presentarse a comparecer ante la FEPADE en calidad de testigo respecto a una denuncia que presentó el PAN en contra de una dirigente partidista en el Estado de México. También hay un juicio de amparo del titular de la Secretaría de Gobierno de Nayarit, que lo promovió contra una solicitud de información de la fiscalía.
Tenemos los amparos de Eva Cadena, diputada local de Morena en el Estado de Veracruz. Esto es atípico en virtud de que hay un deber de realizar las investigaciones y lo que sucede con muchos de estos casos es que se suspenden los efectos del acto que motivó el juicio de amparo y nos impide que podamos seguir desarrollando de manera rápida las investigaciones.
Seguimos desarrollando las investigaciones con los elementos probatorios que tenemos a nuestro alcance para determinar lo que conforme a derecho corresponde a cada caso.
¿Los candidatos para las gubernaturas de los tres estados están siendo investigados?
—Tenemos dos casos y denuncias en contra de uno, no puedo dar detalles por el deber de sigilo de las carpetas de investigación.
Tenemos denuncias en contra de dos candidatos en el estado de Coahuila, quejas en contra de dos candidatos en el estado de Nayarit y hay procesos que se han presentado en contra de todos los candidatos en el Estado de México.
¿Cuáles son los delitos por los que son señalados?
—Se trata de delitos que son comunes a casi todos los partidos políticos que están relacionados con estos hechos. Estamos hablando de retención de salarios a los trabajadores, de recepción de recursos de forma ilícita en las campañas electorales, de peculado, es decir, el recibir o destinar bienes o servicios que tengan a su cargo como servidores públicos en beneficio de un partido político o candidato.
Son temas relacionados con una eventual violación a las normas en materia de coacción.
En caso de que algunos de ellos resultara ganador y se comprobara que cometió un delito electoral, ¿cuál sería la consecuencia?
—Para efectos del proceso electoral, la actuación por parte de la FEPADE está relacionada directamente con la persona física que cometió la irregularidad, por tanto no tiene una trascendencia respecto al proceso, que deberá ser calificado por el tribunal electoral federal o el local, que determinarán si las irregularidades fueron determinantes para el sentido de la votación o no, por tanto eso es algo que escapa la competencia de la FEPADE.
Los crímenes electorales no son graves y eso implica que las personas pueden seguir los procesos en libertad. Por tanto no se suspenden sus derechos políticos.
La consecuencia final que puede tener un delito electoral es la inhabilitación, suspensión en el cargo para servidores públicos, pero eso también tendrá que ser determinado por parte de los jueces correspondientes.
Acerca del dinero del narcotráfico usado para las campañas electorales, ¿ustedes han detectado algo en alguna de estas entidades?
—Tenemos tres denuncias, dos en Nayarit y una en Coahuila. En este momento estamos investigando, se trabaja de manera coordinada con la Unidad Técnica de Fiscalización. En caso de que se trate de recursos de procedencia ilícita, que haya indicios de eso, se trabajará con la subprocuraduría en materia de delincuencia organizada, el objetivo es muy claro: rechazar cualquier tipo de recurso que provenga de fuentes de financiamiento ilícito porque estará lesionando la equidad en la contienda electoral.
Estas elecciones son el panorama previo a 2018, ¿qué modificaciones se tendrían que hacer para las presidenciales?
—En el año 2018 vamos a tener no solamente la elección federal, sino que vamos a tener procesos concurrentes en 30 entidades federativa.
Nueve serán para elegir gobernador, por ello es necesario que cada entidad federativa cuente con una fiscalía especializada en materia electoral, hoy en día solamente 16 estados tienen una; implica que la mitad de las entidades del país no cuentan con un órgano especializado, a pesar de existir una obligación legal desde 2014 que señalaba que los congresos locales tendrían que haber generado estas instancias de procuración de justicia a nivel local.
He planteado que tengamos un tipo penal que atienda la violencia política en contra de las mujeres, porque no tenemos uno que atienda ese delito.
En segundo lugar, es importante que vinculemos anticorrupción con lo electoral, en realidad la corrupción inicia con el tema electoral, con el financiamiento ilícito de las campañas, por ejemplo, que la Federación, los estados, los municipios, los ministros de culto, los extranjeros y las empresas mercantiles den recursos a los partidos políticos, es el germen del cual surge la corrupción.
Cuando los partidos ganan elecciones, se convierten en gobiernos y empiezan a generar estas redes de corrupción para poder tener más recursos para competir en la siguiente campaña electoral y constituyen un círculo vicioso que es necesario que se rompa.
El condicionamiento de programas sociales o el financiamiento ilícito en las campañas tendrían que ser considerados como delitos graves, se trata de delitos que afectan la equidad en la contienda electoral, incluso son actos que están generando un alto nivel de vulnerabilidad del proceso electoral y por tanto no es conveniente que sean considerados delitos no graves por la legislación.
