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El despido de trabajadoras embarazadas y que regresan a laborar es una forma de discriminación que debe ser erradicada, además de que en lo económico reporta más beneficios respetar sus derechos, afirmaron especialistas en el Senado.
Además, coincidieron en que penalizar el despido por embarazo no es la alternativa para la protección de derechos de la mujer que trabaja.
En un foro “Despido por embarazo, acciones para combatir este flagelo social”, expusieron que de los despidos injustificados de mujeres, son bajos los porcentajes de quienes acusan como causa la ingravidez de la trabajadora, que de hecho está embarazada.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que se requiere la armonización de la Ley Federal del Trabajo, así como de las leyes del IMSS y del ISSSTE, para brindar respaldo y seguridad a las trabajadoras embarazadas, así como a las mujeres que han dado a luz y retornan a su centro laboral con la preocupación de que puedan ser despedidas.
A su vez, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Jacqueline L’Hoist Tapia, expuso que es falso que cueste más a los patrones respetar los derechos de las embarazadas y de las madres con bebés, que despedirlas y enfrentar las demandas laborales.
La magistrada Lilia Mónica López Benítez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, dijo que las trabajadoras embarazadas enfrentan actos de discriminación y desigualdad, y frente a esta tendencia cultural, la Suprema Corte de Justicia ha dictado un protocolo para juzgar con perspectiva de género.
Se considera la desventaja que hay entre un patrón que tiene el poder de despedir a un trabajador, y una mujer que está embarazada, y se busca garantizar el acceso a la justicia, con base en una contradicción de tesis, un método analítico, que elaboró la ministra Margarita Luna Ramos, en 2016.
Destacó la importancia de brindar seguridad a una trabajadora de que no perderá el empleo por ingravidez, y este objetivo obliga a que los órganos del Estado la protejan, y en ese sentido les corresponde ejercer la tutela del embarazo.
Joyce Carol Sadka, académica del ITAM, especializada en Derecho Laboral, dijo que en la Ciudad de México, las demandas de trabajadores en 95% corresponden a despidos injustificados. De los casos presentados por mujeres sólo 4.2% señalan el embarazo como causa, pero muchos otros se presentan con otro motivo principal.
En una investigación en el Estado de México, 37.5% de las demandas por despido, entre 2012 y 2013, fueron interpuestas por mujeres, y de ellas sólo 2.9% señalaron como causa el embarazo. Los fallos o laudos, casi no se han emitido en casi cinco años, y esa es la velocidad de esta área de la justicia.
De esa manera, la gran mayoría de los asuntos se resuelven en convenios, y en ese terreno falta difundir en la sociedad las ventajas que tiene una embarazada que por ese hecho es despedida. Trasladar estas demandas laborales al derecho penal, dijo, no traería beneficios, planteó la académica Joyce Carol Sadka.
Daptnhe Cuevas Ortiz, directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, dijo que en el Congreso se han presentado iniciativas de reformas que plantean llevar al ámbito penal los despidos por embarazo, lo cual no generaría resultados positivos.
Por ello, propuso que la reforma que se plantee para mejorar la legislación en apoyo a la trabajadora embarazada cuente con el diálogo previo con expertos.
