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El vicecoordinador político del PT en el Senado, Miguel Barbosa, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto atender la moción que presentó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre los nombramientos de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de Responsabilidades Administrativas.
Por medio de un punto de acuerdo, el senador también pidió a la Comisión Permanente que convoque al Senado a realizar un periodo extraordinario de sesiones para resolver sobre la ratificación o no de los nombramientos expedidos por el Ejecutivo de los magistrados anticorrupción.
En conferencia de prensa, Barbosa Huerta señaló que el Comité reclamó que el procedimiento que utilizó el Presidente para integrar los 18 aspirantes a magistrados, fue un procedimiento oculto, sigiloso, de acuerdo, secreto, lo que le dice: violaste los principios de transparencia, de gobierno abierto y de máxima publicidad.
Además recordó que de manera premeditada el Ejecutivo envió esos nombramientos los últimos días del pasado ordinario para que fueran procesados por la Permanente y no por el Senado.
Además -dijo- la lista de los 18 magistrados fue integrada desde la Consejería Jurídica del Gobierno de la República con un acuerdo entre PRI y PAN.
“Podemos identificar bien y claro, quiénes son las propuestas del PAN y quiénes las propuestas del PRI. Hay, por cierto, una diputada federal suplente de la anterior legislatura, panista; hay en la tercera sección una panista, o dos panistas, un hombre y una mujer, bueno, un servidor público integrante de la Secretaría del Trabajo del gobierno de Felipe Calderón”, dijo Barbosa, quien dijo que hasta que terminen revisar los perfiles dirá de quienes se trata.
Por ello, el petista insistió en la realización de un periodo extraordinario para que antes del 19 de julio el Senado sesione para poder ratificar o no dichos nombramientos.
Mientras tanto –explicó- las comisiones de dictamen deben ponerse a trabajar, para que el periodo extraordinario sólo sea para que el Pleno se reúna y desahogue ese procedimiento.
Reiteró el Ejecutivo debe atender el reclamo del Comité de Participación Ciudadana respecto a que el procedimiento que utilizó para integrar los 18 nombres fue un procedimiento oculto, sigiloso, y secreto.
