La SFP, PGR y la SRE, junto con la Organización de las Naciones Unidas comenzaron con el seguimiento de los compromisos hechos por México en el combate a la corrupción ante el organismo internacional.
Se trata de una visita “in situ” para el seguimiento de los compromisos asumidos por México en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida).
La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, encabezaron la inauguración de los trabajos de seguimiento.
Arely Gómez afirmó que el cumplimiento de los compromisos ante este Mecanismo significa una acción estratégica indispensable para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Recordó que México resultó sorteado para ser evaluado por Guatemala y la República de Santo Tomé y Príncipe durante el periodo de julio de 2016 a junio de 2017, en el marco del Segundo Ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).
Ante los examinadores internacionales y del Secretariado de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDC), Arely Gómez González apuntó también que la evaluación y recomendaciones de Convención representarán un insumo vital para la operación del SNA, toda vez que lo más importante es consolidar la confianza ciudadana en el gobierno.
En ese sentido, señaló que el reto más importante es reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones públicas, como requisito indispensable para una acción gubernamental eficaz y eficiente.
El subsecretario Ruiz Cabañas señaló que al tratarse de un fenómeno global, es necesario fortalecer la cooperación internacional y los mecanismos multilaterales para combatir y prevenir ese delito
En su oportunidad, Antonio Mazzitelli, Representante de la ONUDD en México, reconoció la colaboración de la PGR, de la SFP y de la Cancillería, así como de otras autoridades de la Administración Pública Federal, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, para trabajar conjuntamente en el combate de este flagelo.