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carina.garcia@eluniversal.com.mx
El titular de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, pidió al Congreso blindar las elecciones de 2018, pues hoy los ilícitos electorales no son graves y por tanto no ameritan cárcel, además de que la dependencia carece de personal y recursos.
El próximo año hay elecciones presidenciales, federales y 30 estatales, pero la FEPADE tiene 100 ministerios públicos “y con ellos no se puede investigar todos los delitos electorales que se cometen en el país”, además con sólo 0.07% del presupuesto que tienen todos los órganos electorales.
“El condicionamiento de programas sociales debe ser considerado delito grave y también el peculado electoral, es decir, el destinar bienes y servicios para beneficio de partidos y candidatos”, expuso.
Pidió a los legisladores comenzar a estudiar problemáticas “transversales”, pues hay casos de municipios gobernados por distintos partidos como Torreón, Chihuahua y Texcoco (PRI, PAN y Morena) en los que se realizan descuentos a los salarios de trabajadores para destinarlos a partidos.
Ese y el condicionamiento de programas “es un tema que lo veo en todos los partidos, es más un problema del ejercicio del poder”, dijo.
Pese a las condiciones en que trabaja la FEPADE, detalló, “hemos hecho mucho, citar a altos financieros, acompañar en el proceso en los casos de violencia política contra las mujeres, lo cual no es cualquier cosa, pero se puede blindar de la mejor forma el proceso electoral de 2018”, expuso.
Al comparecer ante la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del año 2017, Nieto Castillo consideró que los dos amparos promovidos contra la FEPADE “son casos atípicos” que dan muestra de que la fiscalía “está trabajando”.
Los amparos han sido promovidos por el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, para que no sea citado a declarar por su presunta injerencia en la elección local, y otro por la diputada de Veracruz Eva Cadena —hoy ex integrante de la bancada de Morena— para que no sea público el proceso que se sigue en su contra, por la recepción de recursos en efectivo supuestamente con fines electorales.
En la reunión con los diputados y senadores de la comisión, el fiscal explicó que aunque “ninguna de las cuatro elecciones locales está en riesgo” es preciso exhortar a todos los actores políticos a apegarse a la ley.
A preguntas específicas sobre las denuncias en investigación, indicó que en el caso de las “Tarjetas Rosa” del PRI en el Estado de México, dado que por ley no puede haber entrega de bienes ni dádivas ni hacer promesas mediatas o inmediatas de entregas en especie o en efectivo, en ese caso tendrá que determinarse si es aplicable.
Operativo. Recordó que del 1 al 6 de junio la Fiscalía realizará un despliegue ministerial, en colaboración con la Base de Operación Mixta, para inhibir conductas delictivas.
En los 35 municipios con mayor población del Estado de México habrá 45 células móviles, y dos más que cubrirán la zona sur de la entidad: Tejupilco y Atlacomulco.
Mientras que en Nayarit se destinarán nueve células móviles y 14 en Veracruz, con el propósito fundamental de disuadir el delito, dijo, pues durante los días de reflexión, del jueves al sábado, “lo más denunciado es compra de voto durante la jornada electoral, el acarreo, la presión al votante y el recoger las credenciales de elector”.
Legisladores de Morena, como Vidal Llerenas y David Monreal, Jesús Zambrano e Isidro Pedroza del PRD, cuestionaron al fiscal porque existe la percepción de que no se ha frenado el operativo de funcionarios desplegados particularmente en el Estado de México.
Previo a la comparecencia con el fiscal, la comisión aprobó, por unanimidad, que los 12 legisladores integrantes viajen a las cuatro entidades con elecciones el domingo, pero el día de la jornada electoral se dividirán en grupos de cuatro personas.
Los legisladores pretenden reuniones con gobernadores y/o secretarios de gobierno, además de consejeros electorales locales.
