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Después de denunciar espionaje en contra de activistas y de no haber recibido respuesta, 10 organizaciones civiles decidieron abandonar la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).
Las organizaciones analizan llevar el caso de México ante la plataforma internacional de gobiernos abiertos, para que se revise la pertenencia del país a ese grupo, y que “se le retire” la membresía internacional, de la cual Francia ocupa la presidencia en este momento.
“Esta es la primera vez que la sociedad civil se baja de una mesa de diálogo por la magnitud de la vigilancia ilegal que se realiza”, señaló Haydée Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar Centro de Análisis e Investigación AC.
Hacer una denuncia ante el propio Estado mexicano, expresado en la Procuraduría General de la República (PGR), “resulta complejo pero aún así se está valorando”, agregó.
Consideró que la salida de las organizaciones prácticamente significa que esta plataforma para el caso de México “dejó de existir”, debido a que no se tiene confianza en su contraparte gubernamental.
La alianza es una iniciativa multilateral que busca el trabajo en conjunto entre los gobiernos de 63 países y la sociedad civil organizada para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia y combatir la corrupción a través del uso de herramientas tecnológicas.
Hace un año, México fue presidente de esta iniciativa, la cual fue presentada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2011, y hoy forma parte de la mesa directiva.
En México, la plataforma era operada por un Secretariado Técnico Tripartita conformado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el núcleo de organizaciones de la sociedad civil.
Este núcleo estaba conformado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, Fundar, Transparencia Mexicana, la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, GESOC, México Evalúa, Observatorio Nacional Ciudadano, Artículo 19, Social Tics, Cultura Ecológica, y Control Ciudadano.
La salida de los organismos se da después de cumplirse tres meses sin respuesta a las denuncias de espionaje en contra de activistas e investigadores mexicanos, dos de ellos, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación, colaboraban con la AGA en temas de salud.
Esta es la primera vez que las asociaciones finalizan su participación en la alianza por falta de confianza en el gobierno.
Juan Pardinas, presidente del IMCO, consideró que existen situaciones preocupantes en contra de organizaciones civiles, las cuales generan un contexto de desconfianza, amenaza, incertidumbre y percepción de inseguridad.
La SFP señaló que el gobierno está comprometido con las libertades personales y la protección de la privacidad de las personas, por lo que invitó a quien haya sido víctima de alguna actividad contraria a sus derechos humanos a que acuda a las instancias correspondientes para denunciar.
En febrero de 2017, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor; Luis Manuel Encarnación, de Contrapeso, y el investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública Salvador Zubirán denunciaron que habían sido víctimas de espionaje a través del malware de espionaje Pegasus, el cual adquirió la PGR.
Las asociaciones señalaron que la evidencia revelada en un informe de Citizen Lab, que fue publicado por The New York Times el pasado 11 de febrero, expone la participación de oficinas del gobierno mexicano en la “vigilancia digital ilegal”.
