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El narcotraficante Rafael Caro Quintero interpuso un recurso con el que busca insistir en que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se declare impedido para resolver el amparo que promovió contra su extradición.
Mediante un recurso de reclamación, el fundador del Cártel de Guadalajara impugnó el acuerdo por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el impedimento que planteó para que el ministro Zaldívar conozca del amparo en revisión número 528/2016, por lo que corresponderá a Jorge Mario Pardo Rebolledo analizar el asunto.
El caso deriva del amparo en el que Quintero reclamó la orden de detención provisional con fines de extradición emitida el 11 de agosto de 2013 en el procedimiento número 5/2013 y su ejecución.
EL UNIVERSAL informó en marzo pasado que el ministro prevé negar la protección de la justicia federal al capo contra la sentencia de un juez federal en la que avaló diversos artículos de la Ley de Extradición Internacional y del Tratado de Extradición celebrado entre Estados Unidos y México.
“Los preceptos del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que fueron impugnados por el quejoso [en los cuales se prevé la figura de la detención provisional con fines de extradición por un plazo de hasta 60 días] únicamente reflejan lo dispuesto por el artículo 119 constitucional”, argumentó el ministro Arturo Zaldívar en su proyecto de resolución.
“Los mismos de ninguna manera pueden implicar una desatención al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos”, señaló.
En consecuencia, el ministro prevé ordenar regresar el asunto al Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México para que revise otros alegatos del narcotraficante y emitir una resolución que ponga fin al asunto.
Esto, porque la SCJN sólo es competente de analizar la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Extradición y del Tratado de Extradición.
Así, de desechar la reclamación de Caro Quintero y aprobarse el proyecto del ministro Zaldívar, éste tendrá la obligación de avalar o no la orden de detención provisional de agosto de 2013 será el Primer Tribunal Colegiado.
El capo ha intentado en diversas ocasiones que el ministro ponente se excuse de conocer del asunto para que otro integrante de la Primera Sala lo resuelva.
