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El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, condenó la actitud de algunos servidores públicos que cuestionan la validez de las manifestaciones y protestas de los periodistas.
“No se pueden lastimar ni cuestionar las legítimas expresiones de los comunicadores, quienes están en su derecho de manifestarse y exigir mayor aplicación de la autoridad en la protección de sus derechos”, apuntó.
El legislador consideró que esta conducta constituye una “falta de respeto grave que debe ser revisada por quien corresponde”, toda vez que “en nada ayudan la insensibilidad y la agresión que, desde las estructuras de gobierno, se dirigen abiertamente contra los periodistas.
“Debieran ser, incluso, esos servidores públicos quienes propiciaran puentes de diálogo y condiciones propicias para mejorar la realidad, pero parece que no lo entienden así, o lo que es peor, pareciera que actúan con premeditación para generar encono”.
Esto expresó el diputado federal por esa entidad, Javier Bolaños Aguilar (PAN), en el marco de las protestas de diversos grupos de comunicadores de Morelos y otras localidades, tras los “arteros y lamentables” acontecimientos donde han perdido la vida periodistas en el ejercicio de su profesión.
Manifestó que “en nuestro estado y en diversas regiones del país se vive con inseguridad, y ello desafortunadamente ha afectado gravemente a los periodistas, pero ante ello “no basta con reconocer la gravedad de la situación”, sino –como recomienda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos- que la Federación y las entidades federativas implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas”.
De esta manera será factible el pleno goce de la libertad de expresión por parte de los informadores, “sin restricción y sin otra limitación que no sean las impuestas en nuestra Constitución”, enfatizó Bolaños Aguilar.
En este sentido, propuso al titular del Poder Ejecutivo de Morelos que “sin mayor dilación” acepte públicamente la recomendación No. 24 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitida con carácter general para todos los gobernadores del país, entre otras autoridades, relativa al ejercicio de la libertad de expresión en México.
Además, continuó, que “ajuste su actuación a los seis resolutivos de la misma, entre las que destaca la creación de fiscalías o unidades especializadas en la persecución de los delitos y agresiones cometidos contra la libertad de expresión y la comisión de cualquier ilícito contra periodistas”.
