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La oposición en la Comisión Permanente del Congreso acusó el crecimiento del robo de hidrocarburos y la casi total impunidad, debido a que la ordeña de ductos de Pemex se lleva a cabo dentro de redes de complicidad en la que participan autoridades federales, estatales y locales, y dirigencias sindicales, como es el caso de los huachicoleros de Puebla.
Por su parte, el PRI afirmó que en los estados panistas de Puebla y Guanajuato el fenómeno delictivo tiene su mayor expresión. La senadora Graciela Ortiz González dijo que cuatro de cada 10 tomas clandestinas fueron detectadas en ambas entidades.
“Entre 2011 y 2016 estas tomas clandestinas, detectadas en el estado de Puebla, presentaron un incremento de mil 971%”, señaló la legisladora priísta, y propuso que el problema se atienda de forma íntegra y a profundidad.
La coordinadora del PRD, Dolores Padierna Luna, expresó que “es preocupante el vínculo entre algunos grupos políticos locales con asociaciones del robo de combustible y la posible obtención de recursos financieros ilícitos para el financiamiento de algunas campañas”.
Tocó el turno en tribuna al diputado del PAN, Javier Antonio Neblina Vega, y dijo que los panistas “consideramos necesario un plan integral de largo plazo para terminar con el robo de gasolinas de los ductos de Pemex; es necesario elaborar programas de empleo específico para las comunidades dedicadas a esta actividad ilícita”.
Además, Neblina Vega detalló que “la solución al problema del robo de hidrocarburos requiere de la voluntad política del gobierno federal y la aplicación estricta de la ley; acciones concretas del Estado; que terminemos de una vez por todas con la corrupción y la impunidad”.
Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputados y senadores de los partidos políticos igualmente expresaron su pésame y solidaridad con el Ejército y con las familias de los cuatro soldados que fueron asesinados por la delincuencia organizada, la semana pasada en Puebla, en la población de Palmarito, cuando participaban en una misión contra la ordeña de ductos de combustible.
Miguel Barbosa (PT) explicó que el problema no se corrige con el envío de las fuerzas federales. Se requiere un plan para atacar la corrupción que envuelve a los cuerpos de seguridad pública, a trabajadores de Pemex, así como funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Barbosa aseguró que vehículos oficiales son usados para transportar combustibles robados en el llamado Triángulo Rojo, donde el crimen organizado se escuda en la población local, agobiada por la pobreza y la marginación, de manera que la solución a este cuadro pasa por medidas de empleo, salud y bienestar social.
La diputada Lía Limón (PVEM) externó que “Pemex pierde todos los días alrededor de 27 mil barriles, como resultado del robo de combustible que llevan a cabo, principalmente, bandas de la delincuencia organizada”.
Señaló que “cuando una persona compra gasolina en el mercado negro se vuelve parte de la cadena delictiva, afectando a la sociedad y beneficiando a bandas criminales, en este caso, a los huachicoleros”.
La diputada Rocío Nahle (Morena) dijo que el robo de combustible “es negocio de gente que trabaja dentro de Pemex, de funcionarios de primer nivel del gobierno y de personajes de la delincuencia organizada”.
Lamentó que en el presente sexenio “los huachicoleros han incrementado en forma alarmante, y para que esto suceda es que hay corruptos y corruptores desde dentro de la empresa del gobierno”.
El diputado Jesús Zambrano (PRD) acusó que el problema de ordeña de ductos “se debe a que personal de Pemex, y particularmente de los grupos dirigentes del sindicato petrolero participan en una operación de este tipo, para saber cuándo cierran ductos, qué tanto se bombea y qué tanto se conduce”.
