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Tras dos meses de suspensión en el diálogo, padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos en 2014, retomaron la conversación con las autoridades federales, con las que acordaron que en breve deberán sentarse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade.
El subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, es el encargado de gestionar, a la brevedad, el encuentro con Osorio Chong.
Para la reunión con el titular de la PGR, ésta se realizará en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para ello, dijo la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, se gestionó ya a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se pueda dar el encuentro, con este mecanismo, antes de finales del presente mes.
Ayer, luego de un plantón de casi 20 días a las afueras de la PGR, padres de los normalistas y su representante legal se reunieron con el subsecretario Campa; la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Herrerías, y el fiscal para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera.
El abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales, dijo que con las autoridades federales se ratificó el compromiso de que será el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH el que seguirá las recomendaciones sobre el caso, además de que se deberá dar un encuentro con altos funcionarios: “Hemos avanzado de manera considerable, vamos a seguir con estas mesas de diálogo para profundizar y avanzar”, dijo Rosales en entrevista.
Expuso que sobre la mesa existen cuatro puntos que son los que piden que se sigan: que se investigue a elementos del Ejército; a policías municipales de Huitzuco, Guerrero; que se conozca el resultado de análisis que se han hecho a teléfonos celulares de estudiantes y seguir el trasiego de droga de Iguala a Chicago, como móvil de la agresión.
La subprocuradora Herrerías destacó que la PGR tiene abiertas todas las líneas de investigación, tanto las recomendaciones del grupo de expertos independientes de la CIDH, como las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las que plantean los coadyuvantes y los padres, y las que el fiscal ve.
“Naturalmente, ésta ha sido una investigación que ha llevado a la formación de un expediente voluminoso. Lo que se busca es poder dilucidar cada uno de los puntos torales del caso. Los padres los han referido, los mencionó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la sociedad misma plantea sus interrogantes sobre el tema. La obligación de la PGR, del Estado mexicano, es dar respuesta a cada una de esas interrogantes”, dijo.
Higuera destacó que el Estado mexicano busca atender y resolver el caso Ayotzinapa.
Desaseo. La revelación de casos de tortura en contra de detenidos por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa evidencia las equivocaciones sobre la tesis difundida del basurero de Cocula, consideró el abogado de los padres de estudiantes, Vidulfo Rosales.
Es muestra, añadió, del desaseo que existe en toda la investigación de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
EL UNIVERSAL publicó el pasado lunes que existen pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“La información difundida respecto a las personas torturadas, evidencia las falencias de la tesis del basurero de Cocula, evidencia el desaseo que esa tesis presenta y evidentemente la hace insostenible”, comentó Rosales.
El abogado expuso que ante la evidencia de tortura, surge hoy la necesidad de afianzar otras líneas de investigación que son exigidas por los padres.
El fiscal del caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera, señaló que de ocho casos en los que se acusa que hubo tortura, en dos está comprobado y será el juez correspondiente el que determina qué procede.
