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El desarrollo integral de niños y adolescentes en México se ve afectado por la pobreza, inequidad, discriminación, falta de oportunidades y la prevalencia de poder de las personas adultas sobre ellos, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el marco del Día de la Niñez y la Adolescencia, la CNDH se pronunció para materializar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de que en México se viva una convivencia justa y democrática para que los menores de edad puedan disfrutar plenamente de esa etapa.
Agregó que el objetivo de los sistemas de protección deben lograr la eficacia y eficiencia de la administración pública federal y las estatales en la promoción, salvaguarda y restitución de los derechos de niños y adolescentes, incluida la asignación de presupuesto que permita el desempeño óptimo de sus funciones.
Reconoció los avances que se han logrado a dos años cuatro meses de la aprobación de la ley, como el hecho de que todas las entidades federativas han expedido sus leyes locales en la materia y que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) ha ejercido sus funciones permanentemente.
Destacó la instalación de los sistemas estatales y la conformación de las procuradurías de protección del sistema nacional y de los sistemas locales para el Desarrollo Integral de la Familia.
“Los sistemas de protección integral tendrán resultados exitosos en la medida que la sociedad rebase modelos, esquemas, prácticas y creencias adultocéntricas que aún condicionan el acceso a las personas menores de edad a sus derechos”, señaló la CNDH en un comunicado.
Estos factores, destacó, se han utilizado durante siglos para cometer todo tipo de actos que atentan contra la dignidad de los niños.
Informó que estudios muestran las condiciones que enfrentan los menores de edad en México.
Por ejemplo 63% de las personas de entre uno y 14 años, en México, ha sido sometido a alguna forma de maltrato físico o sicológico por parte de algún integrante adulto de su familia.
Por ello, consideró que el contenido de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una prioridad para el país.
