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El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, aseguró que no se forzará el proceso legislativo para dictaminar la iniciativa de ley de seguridad interior y que su bancada buscará construir mayorías para que cuente con el respaldo suficiente.
En conferencia de prensa, aseveró que la elaboración del dictamen, en el seno de la Comisión de Gobernación, “está muy avanzada”; sin embargo, no descartó la posibilidad de que su discusión y eventual aprobación ante el pleno se realice en un periodo extraordinario de sesiones.
Hizo votos para que el dictamen “salga cuanto antes” en este periodo de sesiones que culmina el 30 de abril “y nada impediría, si no saliera en el ordinario, un extraordinario.
“No se convoca cuando hay temas, se convoca cuando hay dictámenes, cuando se ha construido una mayoría suficiente para asegurar que un extraordinario será fructífero, creemos que tiene que salir no sólo pronto, sino tiene que salir bien.
“No vamos a apresurar el paso, si eso pone en riesgo que el proyecto llegue a buenos términos; tenemos que asegurar que haya convicción convertida en votos de varias fracciones parlamentarias”, dijo.
Enfatizó que la ausencia de esa legislación es una laguna en un asunto “tan delicado” como la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo cual, dijo, “nos parece inaplazable”.
El priísta consideró “que no sólo es necesario que haya una abultada votación para que la ley se apruebe, sino la suma de convicciones. De aprobarse, debe tener el respaldo político suficiente para acreditar su necesidad, su pertinencia y su oportunidad”.
Es necesario, añadió, “lograr el mayor respaldo posible a un proyecto que está jurídicamente bien, que sea sólido e indispensable no sólo para las Fuerzas Armadas, sino para los ciudadanos”, externó.
Proceder contra gobernadores. En otro tema, César Camacho Quiroz pidió que se proceda con la dureza que ameriten los actos presuntamente delictivos que se atribuyen a diferentes ex gobernadores.
“Si alguien, independientemente de investidura actual o anterior, comete un delito, que se proceda con la dureza que ameriten los actos que se le atribuyen”, dijo el diputado.
Destacó que las conductas penales de los ex gobernadores priístas de Veracruz y Chihuahua, Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez, respectivamente, son personalísimas y que su partido como organización política “no es responsable de nada”.
“El PRI, partido de la legalidad, está en contra de la impunidad, trátese de quien se trate”, manifestó.
El coordinador de los diputados del PRI se pronunció porque en las campañas electorales que iniciaron este lunes “los asuntos de orden penal corran por su propia vía y que no influyan en el ánimo de los votantes”.
Por otra parte, el legislador comentó que en la Cámara de Diputados todos los días se hace política y es común que San Lázaro se convierta en una caja de resonancia de la vida política cotidiana.
“Sin embargo, el inicio de las campañas no debe distraer a los legisladores de su tarea primigenia, que justamente una de ellas es legislar; la otra es fiscalizar”, dijo.
Camacho tambíén anunció que presentará una iniciativa para eliminar de la Constitución la figura del arraigo, por ser “ineficaz” y representar “un lastre” para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
La iniciativa busca suprimir el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución, en el cual se establece que “la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona”, hasta por 40 días y con posibilidad de prorrogarse este periodo por otros 40.
En conferencia de prensa, acompañado por los diputados priístas Martha Tamayo Morales y Armando Luna Canales, el líder parlamentario señaló, además, que la figura del arraigo se contrapone al paquete de reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos.
Recordó que en ese año el Estado admitió que se apegaría a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a las resoluciones que emitieran los organismos de las Naciones Unidas sobre ese tema. En ese sentido, aseguró el legislador, el arraigo es una figura que no es compatible con esas reformas.
Añadió que el arraigo es un resabio del viejo sistema de justicia penal inquisitivo, en el que se detenía a las personas para poder investigar y que resuelve “muy pocos asuntos” por ser ineficaz.
