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Defensores de derechos humanos y representantes de organismos de la sociedad civil reclamaron que las prioridades de los partidos políticos estén en mantener sus registros y mejorar su imagen, en lugar de la prevención del delito y la defensa y protección de los derechos de las víctimas.
EL UNIVERSAL publicó que en medio de una crisis interna, el PRD pagó alrededor de nueve millones de pesos a varias empresas para la elaboración de estrategias a fin de reposicionar su imagen como un partido de izquierdas.
La contratación de estos servicios se dieron durante un año en que organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional señalaron que México ha tenido pocos avances en la prevención del delito y protección a las víctimas.
María Elena Morera señaló que “es una transa” la manera en que se asignan recursos a los partidos. Ejemplificó que el presupuesto público es como un “globo agujereado y lleno de agua”, puesto que no se nota el efecto de la aplicación de los recursos, por ejemplo, en la prevención de la inseguridad, dado que no se está profesionalizando a los policías y el sistema de justicia en su opinión “sigue siendo inoperante”.
“Desde luego que [los partidos] se lo están comiendo, porque ¿dónde está el dinero? La ley se los permite, les hemos dado muchísimos recursos que no les deberíamos estar dando. Los recursos a los partidos deberían estar directamente vinculados al número de votantes, en favor de cada uno de estos, no al número de credenciales de elector. Eso es una transa”, dijo.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que es incorrecto que en un país como México el financiamiento a partidos se haga con fondos públicos y añadió que falta austeridad y mayor escrutinio sobre los organismos que tienen acceso a estos, debido a que muchos buscan conservar el registro sólo para mantener su acceso a los fondos.
“Ha faltado que el financiamiento público no sea con estos montos millonarios que hoy tenemos y que esté sujeto a un escrutinio más constante. Se generan estas distorsiones donde muchos partidos buscan conservar su registro sólo porque eso está asociado a recibir o determinado monto”.
Especialistas señalan que la asignación de presupuesto y el uso que se da a los recursos públicos es muestra de la voluntad política que se tiene para resolver la crisis de seguridad y derechos humanos por la cual atraviesa el país y criticaron el “oneroso dispendio” que realizan los partidos.
“En su origen, asociamos la corrupción al PRI, pero la alternancia ha mostrado que todos los partidos se han hecho de malas prácticas, de corrupción, de aprovechar los recursos en función de sus intereses y no de las necesidades de la población”, señaló Édgar Cortés del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Ejemplificaron que la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Segob tuvo un recorte importante de presupuesto y que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos no tiene dinero para operar, pese a las agresiones que han sufrido reporteros en el país.
Marieclaire Acosta Urquidi, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que el presupuesto “siempre es indicativo de la voluntad política”. Dijo que el dispendio de recursos es generalizado y que se puede explicar a partir del distanciamiento de los partidos políticos de la sociedad, a la cual sólo acuden en busca del voto.
“No es sólo de un partido, desgraciadamente es un dispendio generalizado, los partidos han perdido el vínculo con la sociedad y la ciudadanía, acuden a ella cuando necesitan el voto, pero nada más. Hay una grave distorsión en la vida pública”, dijo.
Todos fueron consultados en la presentación de la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción, en la que participan 50 organizaciones civiles nacionales, internacionales, investigadores y académicos dedicados a la defensa de derechos humanos, combate a la corrupción e impunidad y afirmaron que es necesaria una refundación de las instituciones que gobiernan a la república.
“En este país estamos viviendo una gravísima crisis de derechos humanos. Es urgente una refundación ética de las instituciones. No sólo estamos hablando de violaciones gravísimas, terribles y escandalosas, también problemas como el acceso a la educación, servicios de salud y vivienda. Esta crisis afecta el ejercicio de todos los derechos humanos”, dijo Acosta.
