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En México no sólo los agentes gubernamentales intentan intervenir en los contenidos editoriales de los medios de comunicación, sino también los narcotraficantes, concluyó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su reunión de medio año.
Refirió que México ha sido el país de América con un mayor número de periodistas asesinados en los últimos cinco meses. “No sólo las autoridades, locales y nacionales son las que intentan intervenir los contenidos editoriales de los diarios y los medios, sino también los narcotraficantes”, destacó la SIP.
Calificó de “alarmante” que los asesinatos de periodistas en países de la región continúen sin disminuir; y señala que es igualmente grave que en casi todos los casos los autores de estos crímenes gozan de “total impunidad”.
México es el país con más periodistas asesinados en el corto periodo ocurrido entre la 72 Asamblea General de la SIP, que se celebró del 13 al 17 de octubre en la Ciudad de México, y la reunión de medio año que concluyó ayer en Guatemala.
“Lo más alarmante son los asesinatos de periodistas, que continúan semestre tras semestre sin disminuir. Esta vez, 13 periodistas perdieron la vida desde la reunión en la Ciudad de México, sólo por dedicarse a informar a sus comunidades: cinco murieron en México; tres cayeron en Perú; dos en Guatemala; dos en República Dominicana y uno en Honduras”, se indicó en el informe.
“Tan grave como ello es que casi en la totalidad de los casos, los autores de los crímenes gozan de total impunidad y con el paso del tiempo, el delito prescribe”, agregó.
Al dar a conocer las conclusiones de su reunión de medio año, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Antigua Guatemala, la Sociedad Interamericana de Prensa destacó que en el país la autocensura “parece” haber sido aceptada como “inevitable” por los medios de comunicación y por el público.
Destacó que en “muchos países” las amenazas llegan a traducirse en violencia contra los medios y los periodistas, por lo que se han registrado agresiones en Bolivia, Brasil, Cuba, México y Venezuela.
En el informe se agregó que “en México la autocensura y los frentes noticiosos abandonados, pese a su evidente interés público, ya parecen haber sido aceptados como inevitables por el público y por los medios”.
En otro documento, su resolución sobre el tema “Impunidad México”, la SIP acordó pedir al gobierno federal mexicano que garantice la seguridad de los periodistas y atienda “con firmeza, prontitud y de manera integral y coordinada” los casos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.
Destacó que en 22 entidades del país han ocurrido ataques, crímenes o desapariciones de periodistas desde la década 1980; enlista a Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz como los estados donde se han presentado estos hechos.
“Las familias y los ciudadanos tienen derecho a la verdad (...) Las autoridades deben reconocer públicamente su responsabilidad ante su actuación institucional ineficaz en las investigaciones a su cargo, para que no siga ocurriendo y, en su caso, proceder legalmente contra los funcionarios que no han cumplido con su trabajo para resolver los expedientes en los 22 estados en los que han ocurrido ataques, crímenes o desapariciones de periodistas”, indicó.
La SIP demandó que el gobierno mexicano dé una explicación pública sobre los asesinatos de siete periodistas en las décadas de 1980 y 1990 que nunca se resolvieron y que prescribieron.
“Se solicita al gobierno que impida que sigan prescribiendo los delitos cometidos contra periodistas, y que se revise y provea al sistema de protección los recursos profesionales y económicos para prevenir y combatir la violencia y garantizar la seguridad de los periodistas”, expresó.
También le exigió emitir una alerta a los gobiernos federal y de los estados de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Morelos y Tamaulipas por los asesinatos de Jessica Elizalde de León, Fernando Martínez Ochoa, Cuauhtémoc Ornelas Ocampo, Abel Bueno León, Margarito Morales Ramírez, Enrique Peralta Torres, José Luis Rojas, Benjamín Flores, y Mario Morales Palacios, cuyos expedientes “no han sido cerrados, en los que ninguno de los responsables permanece en prisión y en algunos casos ni siquiera fue aclarado el crimen”.
Respecto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) exigió al gobierno federal que haga una revisión integral junto con todos los estados del país, para que funcione, puesto que hasta ahora ha actuado “de manera limitada y con errores” que han colocado en riesgo a los informadores.
