Más Información
politica@eluniversal.com.mx
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu; la presidenta del Congreso estatal, Beatriz Vicera Alatriste, y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Verónica Cuevas López, denunciaron ante la Secretaría de Gobernación y ante la Nunciatura Apostólica, al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, por no respetar los principios de laicidad del estado.
Con cartas que dirigieron al nuncio apostólico, Francisco Coppola, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expusieron que el obispo de Cuernavaca se ha dedicado a hacer política en Morelos, hecho que está prohibido por la Constitución. Además, señalaron, rebasa las facultades que tiene un clérigo, según se establece en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como su reglamentación.
EL UNIVERSAL tuvo acceso a los documentos en los que Graco Ramírez, Vicera Alatriste y Cuevas López recalcaron que la Diócesis de Morelos es una asociación religiosa, que Ramón Castro Castro es un ministro de culto y en mayo de 2013 fue designado por el papa Francisco como obispo en Cuernavaca.
Relatan que el 15 de marzo pasado hubo una reunión en Cuernavaca, en la que participaron Jesús Alejandro Vera, rector de la Universidad Autónoma de Morelos; Cuauhtémoc Blanco, alcalde de la capital de esa entidad; Matías Nazario Morales, diputado federal del PRI; Rabindranath Salazar, senador de Morena; Javier Bolaños, diputado federal del PAN y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta; Víctor Manuel Caballero Solano, diputado local del PAN, y Castro, entre otros.
“Reunión que fue convocada por el ministro de culto, situación que ha sido reconocida por él mismo en entrevista”, indicó Ramírez Abreu.
En el documento de 13 páginas que entregó a la Secretaría de Gobernación y otro a la Nunciatura Apostólica, Graco Ramírez incluyó fotografías de la reunión y sustenta varios de sus dichos con difusiones de medios de comunicación.
La reunión, aseveran los funcionarios, giró sobre asuntos políticos y gubernamentales, lo cual quedó acreditado por los asistentes.
Ramírez refirió que la reunión se dio a partir de que se argumenta desatención y omisión en su administración, además de problemas en temas de seguridad, obras públicas, escaso desarrollo económico, corrupción y otros conflictos sociales.
“Pero además ensuciando la imagen institucional de los otros dos Poderes del Estado, denostándolos e incitando al público oyente a desconfiar de los mismos”, mencionó.
El gobernador incluyó partes de una entrevista que el obispo Castro otorgó al periodista Ciro Gómez Leyva, en la que el católico, a pregunta expresa, aseguró que fue él quien convocó a la reunión.
“Uno de los principios rectores y que emana de la historia política de nuestra nación lo constituye la laicidad del Estado; al respecto, hay que considerar que en virtud del mismo principio los ministros de culto, las asociaciones religiosas o agrupaciones de cualquier religión tienen prohibido inducir a los ciudadanos a votar a favor o en contra de determinado partido político o candidato, o promover que se abstengan de votar; es decir, que de forma alguna puedan realizar proselitismo político”, recordó Ramírez en el documento.
Recalcó que las instituciones religiosas no pueden inmiscuirse en asuntos políticos y así está establecido en el artículo 130 constitucional.
“Es jurídica y válidamente posible concluir que con su actuar, el obispo hoy denunciado no respeta el principio de laicidad del Estado, constitucionalmente reconocido, y sus acciones constituyen una innegable infracción, no sólo al texto Constitucional, sino también a la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional”, indicó en el texto.
Graco Ramírez acusó al obispo de ser irresponsable y dogmático al señalar sin prueba alguna que las instituciones del Estado están compradas y que ello le basta para convocar a un encuentro con políticos, “para iluminar su conciencia política”.
Lo que el obispo hace, destacó el mandatario estatal, es afectar el ideario colectivo, generar e incitar al descontento social, so pretexto de su calidad de ministro de culto.
“Ramón Castro Castro se involucra directamente en asuntos políticos cuando le está expresamente prohibido y no solamente eso, sino que él es el propio convocante a una reunión pública para ello, transgrediendo de esta forma la naturaleza y función religiosa”, redactó.
El gobernador Ramírez solicitó audiencia al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y otra al nuncio apostólico, Francisco Coppola, a quienes personalmente quiere exponer lo que ocurre con el obispo Castro Castro.
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, advirtió a Ramón Castro Castro que con su actuar está en los límites de rebasar el artículo 130 constitucional.
En entrevista, que recién concedió en radio, el ssubsecretario Roque Villanueva mencionó que ya se lleva a cabo una investigación.
“Estamos interesados y preocupados en establecer todos los elementos que tienen que ver con este tema.
“Yo le dije: ‘Señor obispo, esta es la segunda vez que se pone en los límites del [artículo] 130’; le dije: ‘Cuídese, porque lamentablemente esto sí nos puede llevar a una sanción’. El señor obispo está, no quisiera usar la palabra, advertido, pero sí avisado de que tendrá que ser extremadamente cuidadoso”, afirmó.
