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A unas horas de que concluya el periodo ordinario en el Congreso de la Unión, de nueva cuenta la falta de acuerdos al interior de las diferentes fracciones parlamentarias provocó que los legisladores dejarán temas pendientes importantes en la congeladora, pese a que al inicio de febrero se comprometieron a avalarlos.
Entre los temas más importantes que tendrán que esperar un periodo extraordinario o al menos cuatro meses (septiembre) para ser avalados en la Cámara de Diputados están: las propuestas de ley de seguridad interior, Mando Mixto policial, para combatir la trata de personas y la reglamentaria del artículo 29 constitucional para darle facultades al Presidente de la República para declarar Estado de excepción.
En tanto, en el Senado se quedaron pendientes el nombramiento del fiscal anticorrupción; la reformar al artículo 102 constitucional para el nombramiento del fiscal general de República; la ley orgánica para crear la Fiscalía General de la República; así como las leyes de seguridad interior, de archivos, de obras públicas y servicios, y la reducción del IEPS en gasolinas.
Pendientes en Cámara Baja. Otros temas que dejarán en el tintero los diputados son: modificaciones a la Ley Electoral para la reducción del Congreso de la Unión, disminución del financiamiento público a los partidos, la segunda vuelta electoral y las reglas para que los legisladores locales puedan reelegirlse, debido a que a partir del 2018 ya tienen esta potestad.
Asimismo, a la Ley de aguas Nacionales y la Ley de Salarios Máximos, para que nadie gane más que el Presidente de la República.
El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, lamentó la falta de acuerdo y que el PAN “condicionó” la aprobación del Mando Mixto a la ley de seguridad interior. Reconoció que sin esta ley, que le daría un marco normativo al Ejército en tareas de seguridad, la criminalidad se expande y robustece.
“La criminalidad parece que se expande o se robustece en la medida en que el Estado no reacciona de la mejor manera. El Ejército y la Armada han acreditado eficacia y patriotismo que reconocemos, pero es evidente que hay una deficiente instrumentación jurídica de su actuación, queremos dotarle de la que merece”, dijo.
Aseguró que podrían revisarse en un periodo extraordinario o hasta septiembre cuando se reanuda el periodo ordinario de sesiones. En el pleno y al cierre de esta edición, los diputados federales aprobaron, vía fast-track, más de 40 dictámenes y se prevé que este viernes sesionen por última vez.
En espera en la Cámara Alta. En la última sesión del periodo ordinario de sesiones, la Cámara Alta dejó en la congeladora legislativa también los nombramientos de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras reformas que consideró como prioritarias al inicio de año.
En contraste, los senadores lograron aprobar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Ley para Prevenir y Castigar los Delitos de Desaparición Forzada.
También avalaron el nombramiento de 19 embajadores de México en países de América Latina, Europa y Asía, y el polémico nombramiento de Paloma Merodio como vicepresidenta del Inegi, entre otros.
El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales (PVEM), aseguró que es necesario un periodo extraordinario para abordar los temas que lo ameriten, entre elllos la Ley Orgánica de la PGR, para revisar la independencia de las policías ministeriales.
“Después hay que hacer las modificaciones del [artículo] 102 constitucional para que a quienes han querido llamar esto como pase automático no les quede duda, y abrir ya la convocatoria para el fiscal general”, dijo.
El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, reiteró que no se aprobó el fiscal anticorrupción porque no se quiere un “fiscal cuate ni un fiscal a modo.
“Esa ha sido nuestra postura desde un inicio, nosotros pensamos en una Fiscalía General de la República transexenal, con dos fiscalías especializadas con cabal independencia. Lamentablemente la conducta del Ejecutivo ha lastimado la reforma inicial y hoy es impensable una Fiscalía de nueve años y una Fiscalía Anticorrupción subordinada a la PGR”, dijo.
El vicecoordinador del PT, Miguel Barbosa, dijo que el periodo legislativo que cierra tiene un balance de déficit, con muchos pendientes: “El tema del fiscal anticorrupción deliberadamente fue llevado a este momento. Una reforma constitucional al [artículo] 102 para dotar a la figura de la Fiscalía General con las características de un órgano constitucional autónomo, no se aprobó, no se discutió”, destacó.
Lamentó que el periodo legislativo fue “dominado” por los cálculos político-electorales. “Con eso está detenida la evolución parlamentaria y legislativa en el Congreso”. Con información de Francisco Reséndiz y Juan Arvizu
