Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, cuenta con las facultades legales para expropiar una casa de Javier Duarte en Tlacotalpan, pero debe seguir un procedimiento e incluso pagar una indemnización a los ex propietarios.
Académicos de Derecho y abogados coincidieron en que Yunes tiene la facultad legal para expropiar, pero desconocen cómo se llevó a cabo el procedimiento y si éste fue apegado a las normas.
El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, Manlio Fabio Casarín León, explicó que para proceder a la expropiación de un bien inmueble de un particular relacionado con supuestos hechos delictivos debe quedar plenamente justificado como causa de utilidad pública.
Recordó que tradicionalmente la figura de expropiación es para realizar acciones directamente vinculadas al beneficio social, como sería obra pública (construcción de una escuela, carreteras, calles).
“Pero en los últimos tiempos se ha venido generando la necesidad de privar de la propiedad a personas con el objeto de rescatar espacios públicos que tienen fuertes vínculos con hechos delictivos o, en este caso, se presume que la propiedad (la casa de Tlacotalpan) fue adquirida a través de un prestanombre con recursos del erario estatal”, dijo el catedrático universitario.
El mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares anunció la expropiación de la casa de Javier Duarte de Ochoa en Tlacotalpan, misma que presuntamente estaba a nombre de la esposa del empresario Franky González García, prestanombres del ex gobernador.
Se trata de una vivienda asentada en la ciudad catalogada Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo cual conserva su arquitectura original confeccionada de techos de teja y paredes de adobe.
El titular del Poder Ejecutivo local puntualizó que ese inmueble será destinado para fines culturales, es decir, la casa será administrada por el Instituto Veracruzano de la Cultura.
El ex director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana explicó que la figura de la expropiación es una facultad y atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.
“Cuando se trata a nivel federal está sujeto a bienes de regulación y, en el caso de bienes raíces para el caso de Veracruz, evidentemente será competencia del gobernador del estado”.
Precisó que lo que se tiene que hacer en el decreto es justificar o dejar plenamente acreditado, como se señala en el artículo 27 de la Constitución federal, que es causa de utilidad pública.
“Desconozco cuál será la argumentación que pueda tener ese decreto [del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares], puesto que debe cumplir con algunos aspectos como salir publicado en el Diario Oficial para que surta efecto para todos los demás elementos que se generan”, comentó.
Casarín León insistió en que la expropiación debe ir enfocada necesariamente a establecer las causas de utilidad pública, “que van al resarcimiento del daño patrimonial, como lo ha anunciado en varias ocasiones Yunes Linares, que por el supuesto desvío de recursos se compraron propiedades”, manifestó.
El experto en Derecho recordó que ha habido casos en donde a partir del establecimiento de ciertos hechos delictivos se han dado expropiaciones.
“El caso que recuerdo fue en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, en donde el gobierno procedió a la restricción de una gran propiedad de bienes o de predios, específicamente identificados con la comisión de actos delictivos, y con eso se pretendió realizar políticas públicas para el rescate de espacios para la sociedad”, detalló.
El presidente de la Federación del Colegio, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Veracruz, Antonio Barak Pérez, ratificó que es facultad y derecho del gobernador Yunes Linares ejecutar la expropiación.
“La única limitante es que hay un procedimiento especial para llegar a esos fines y se establecen en la Ley de Expropiación y deben ser de utilidad pública y los interesados deben recibir, en su caso, una indemnización al valor comercial”, detalló.
Dijo que se desconoce el procedimiento, puesto que el mandatario sólo informó del hecho de la expropiación, por lo que consideró que deben ser las instancias las que den informes.
“En todo caso los afectados son los que podrán recurir al amparo si se sienten afectados, si es que acaso fueron expropiados sin que se respetaran sus derechos”, expresó.
