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El Senador Miguel Barbosa Huerta propuso este martes un punto de acuerdo al pleno del Senado para que cite a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, para que explique a los miembros de ese órgano legislativo las medidas adoptadas por dicha procuraduría con el fin de resolver las desapariciones forzadas en el país.
Barbosa justifica su exhorto en el caso de Miguel Ángel Rivera Díaz, de 20 años; y de David Ramírez Valenzuela González, de 20, quienes fueron secuestrados por un grupo armado en Ciudad Altamirano, Guerrero, el 5 de enero de 2012.
De acuerdo con la narración del hecho que hace el Senador Barbosa, el mismo día de la desaparición, los secuestradores se pusieron en contacto con las familias de los dos jóvenes. Las negociaciones para su liberación duraron 10 días. Finalmente el 15 de enero los plagiarios aceptaron 140 mil pesos para dejarlos libres. Las familias entregaron el dinero.
“Adornamos la casa, la llenamos de globos, pusimos un letrero que decía: Bienvenidos David y Miguel. Queríamos que supieran que los esperábamos con mucho amor, que ya todo había pasado”, declaró Deborah, hermana de David.
Pero los jóvenes nunca aparecieron y no se ha tenido noticia de ellos desde entonces.
En ente caso se aprecian características que permiten suponer la participación o, al menos, la aquiescencia de algunas autoridades públicas, lo que le convierte en un caso de desaparición forzada, de acuerdo con la propuesta de punto de acuerdo.
Como en muchos otros casos de desaparición forzada, fueron los familiares quienes investigaron por su cuenta y averiguaron los nombres de los presuntos secuestradores, los apodos y su localización, gracias a los geolocalizadores de los celulares de los jóvenes secuestrados.
De acuerdo con los familiares de los desparecidos, hoy existe una orden de localización y presentación en contra del líder de los presuntos secuestradores, pendiente de ejecutar. Y desde hace varios años, las familias reclaman que se cumpla con la ley y se localice al presunto secuestrador de los jóvenes.
En su relatoría, Barbosa refiere documentos del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la misma ONU, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos que advierten la gravedad de la crisis generada por las desapariciones forzadas en México.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, a principios del 2017 se tenían registradas con nombre y apellido, exactamente mil 62 personas desaparecidas correspondientes al Fuero Federal, así como 29 mil 913 del Fuero Común, lo que hasta hoy hace un total de 30 mil 975 personas extraviadas o desaparecidas en México, de acuerdo con los datos oficiales.
“Más de 30 mil familias mexicanas que hoy no saben si su ser querido está vivo o muerto, y que día tras día, sufren su pérdida”, agrega el documento de Barbosa.
En caso de que sus compañeros en la cámara Alta aprueben la solicitud de Barbosa, el Senado aceptaría “exhortar. con pleno respeto a la división de poderes, a la Procuraduría General de la República, para que dé cumplimiento a la localización y presentación dictada dentro de la Averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/289/2013, en contra del presunto secuestrador de los jóvenes Miguel Ángel Rivera Díaz y David Ramírez Valenzuela, desaparecidos el 5 de enero de 2012”.
cg
