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Pese a que la Cancillería de Guatemala tiene órdenes de tramitar con celeridad la resolución judicial que deberá ser entregada a la embajada de México para notificarle de que tiene 60 días para presentar la solicitud formal de extradición de Javier Duarte; el trámite burocrático inició ayer con lentitud en la Corte Suprema de Justicia de este país y la documentación sigue sin ser remitida al gobierno guatemalteco.
El Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente informó a EL UNIVERSAL ayer que, como primer paso, la papelería sería enviada por la tarde a la Secretaría de la Corte.
Al preguntar cuándo enviará la secretaría la notificación a la Cancillería, el guatemalteco Juan Daniel Lemus, secretario del tribunal, aclaró que lo desconoce porque “ellos manejan sus propios tiempos”.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, dijo que se revisan y analizan los documentos que integrarán la petición formal de extradición del ex gobernador de Veracruz: “Es muy probable que la próxima semana se esté presentando por vía diplomática la solicitud formal”.
La Cancillería guatemalteca está lista para recibir la notificación, procesarla en un máximo de una hora y trasladarla a la embajada, informó ayer Regina Martínez, directora general de Asuntos Jurídicos y Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La resolución sobre el caso de Duarte de Ochoa, detenido a solicitud de México con fines de extradición, fue dictada el miércoles pasado por el tribunal presidido por César García, en una audiencia con participación del ex gobernador, de sus defensores y de la Fiscalía General de Guatemala.
En el acuerdo, el tribunal informa a México que el político fue arrestado por su petición y notificado de los motivos de su captura, que permanece en Matamoros, en una cárcel de una estación militar capitalina, y que se cumplió el debido proceso de notificar a las partes.
Entre otros elementos, el acuerdo ratifica que, según el tratado de extradición entre México y Guatemala suscrito en 1997 y aplicado desde 2005, el gobierno mexicano tiene 60 días para presentar la solicitud formal.
También se comunica que en la audiencia Duarte rechazó la opción preliminar de allanarse para ser extraditado a México y que, con la condición de conocer primero la solicitud formal que deberá entregar el gobierno mexicano a Guatemala, se reservó el derecho de acogerse después a un trámite expedito para ser repatriado y sometido a la justicia de su país por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Martínez informó que por orden del canciller de Guatemala, Carlos Morales, el trámite de entrega de los documentos a México deberá ejecutarse con rapidez. Cuando la resolución entre a Cancillería, “hacemos el proyecto de nota diplomática que se trasladará a la embajada. No lleva ningún tipo de autenticación (...) Para evitar riesgos de extravío tiene previsto que uno de sus funcionarios hará el recorrido directo a la embajada con el expediente”.
