La última vez que se le vio a Javier Duarte de Ochoa fue el 12 de octubre de 2016, cuando pidió licencia a su cargo como gobernador de Veracruz. En aquella ocasión dijo en entrevista con Loret de Mola que el permiso era solicitado "para enfrentar los cargos en su contra".
Fue hasta seis días después cuando un juez federal otorgó a la Procuraduría General de la República (PGR) la orden de aprehensión solicitada en contra del ex mandatario por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
El Gabinete Nacional de Seguridad, compuesto por elementos del Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) mantuvieron una búsqueda por todo el territorio mexicano.
El 14 de noviembre de 2016 la Interpol emitió una Notificación Roja de búsqueda y localización para que los 190 países que componen la organización buscaran al prófugo.
Esta ficha se hizo pública hasta el 24 de enero de 2017.
El 21 de septiembre de 2016 la PGR dio a conocer que atrajo dos carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía General de Veracruz por tratarse de delitos de orden federal.
Las carpetas FESP/013/2016/1-04 y la FESP/216/2016/14-07 señalaban al ex mandatario por el presunto desvío de recursos públicos a través de al menos 35 empresas "fantasma".
El 12 de octubre de 2016 elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR cumplimentaron la orden de aprehensión contra Victorino Benítez Márquez, quien fungía como administrador de una de estas empresas "fantasma", Bienart S.A. de C.V., la cual recibió más de 18 millones en diciembre de 2013 a través de contratos proporcionados por Sedesol Veracruz.
La orden de aprehensión en contra de Benítez Márquez fue liberada por su presunta responsabilidad en delitos fiscales, porque los datos que la empresa proporcionó al Registro Federal de Contribuyentes señalan que se dedica a 13 actividades comerciales -como venta de productos-, sin embargo, en el domicilio registrado se ubica una panadería y un consultorio médico.
El 18 de octubre de 2016 las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzáte Peralta fueron detenidas por su probable responsabilidad en los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada.
La detención se realizó en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión giradas por un Juez de Control Federal a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
La entonces titular de la PGR, Arely Gómez González, resaltó en octubre de 2016 que la investigación por el caso de Veracruz extiende a al menos otras nueve personas, probablemente involucradas en estos delitos.
El 13 de noviembre de 2016 la PGR congeló 112 cuentas bancarias y aseguró cinco empresas y cuatro propiedades relacionadas con la red de amigos, familiares, ex servidores públicos y personas imputados en los hechos delictivos por los que se le persigue al mandatario.
La dependencia aseguró dos predios en Lomas de Chapultepec y Polanco, en la Ciudad de México, y el rancho “Las Mesas”, en Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 92 hectáreas.
La PGR también aseguró hectáreas de superficie ubicadas en el Ejido de Lerma, estado de Campeche.
Dos inmobiliarias forman parte de las cinco empresas con diversas actividades económicas que fueron aseguradas.
El 8 de marzo de 2017 una segunda orden de aprehensión se liberó contra Javier Duarte de Ochoa, esta vez por su probable responsabilidad en la comisión de un delito electoral.
Un juez federal obsequió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR) la orden de aprehensión en contra del ex mandatario por presuntamente haber obstaculizado las labores públicas de los funcionarios electorales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, al negar los recursos económicos necesarios para desarrollar adecuadamente el funcionamiento electoral en esa entidad.
La Fepade, a través del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal Federal, presentó ante el juez los elementos necesarios para acreditar la probable responsabilidad de Duarte en el delito contemplado en el artículo 7, fracción IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Este ilícito menciona que se impondrán de seis meses a tres años de prisión a quien “obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales”.
Nieto Castillo, titular de la Fepade, señaló que con estas acciones se puso en riesgo el proceso electoral en la entidad.
Esta tarde Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, informó que hay dos órdenes del fuero común obtenidas por la Fiscalía General del Estado.
"Han sido ya libradas por jueces locales dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte, adicionales a la que ejecutó el Gobierno Federal".
Yunes anunció que la Fiscalía local se sumará a la petición de extradición del ex gobernador.
afcl
