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Para evitar que la Cámara de Diputados se convierta en guarida o trinchera de presuntos delincuentes, el Partido Encuentro Social (PES) presentó una reforma al artículo 25 del Reglamento del Palacio Legis-lativo de San Lázaro para que, cuando se tenga conocimiento de que en su interior se encuentra una persona sobre quien se debe ejecutar una orden judicial, siempre y cuando no sea legislador en funciones, el presidente en turno del Congreso de la Unión permita el acceso a la fuerza pública para ejecutar el mandato judicial.
Refugio Trinidad Garzón Canchola, diputada del PES, propone reformar el numeral 3 del artículo 25 del reglamento de San Lázaro y dejar en claro que ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes destinados a la Cámara de Diputados ni sobre las personas o bienes de los diputados.
Cabe recordar que el pasado 28 de marzo el diputado suplente Antonio Tarín García, del PRI, utilizó el Palacio Legislativo como guarida por más de 28 horas para así evitar la acción de la justicia en tanto no le expidieran un amparo y pudiera salir sin ser detenido de la Cámara de Diputados.
